El Ministerio del Interior avanza en la aplicación de ocho “medidas urgentes” en la Cárcel de Santiago Vázquez (ex Comcar), el mayor centro de reclusión del país, que concentra más del 30% de la población carcelaria nacional. Las acciones, anunciadas en junio tras un incendio fatal, implican una inversión total de US$ 3 millones y buscan reducir el hacinamiento, mejorar la seguridad y fortalecer la rehabilitación.
Según explicó Ana Juanche, directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, se logró descomprimir los módulos más críticos (10 y 11) mediante el traslado de unas 400 personas a otros módulos y unidades del interior, considerando perfiles criminológicos y condiciones sanitarias. Aun así, el crecimiento sostenido del sistema —más de 700 nuevos ingresos desde marzo— mantiene la presión sobre la capacidad.
En materia de recursos humanos, se reordenaron 500 vacantes y se puso en marcha un proceso de formación de nuevos agentes y operadores penitenciarios, con refuerzos previstos a partir de 2026 y la creación de nuevas vacantes habilitadas por el Presupuesto.
En infraestructura y gestión, se proyectan cocinas descentralizadas para mejorar la alimentación y la logística interna, además de obras en salones de visita para optimizar ingresos, controles y condiciones para familiares. En paralelo, se completó el cableado perimetral y la instalación de cámaras, lo que ya permitió prevenir y esclarecer incidentes en sectores sensibles.
El plan también refuerza la reinserción social, con fondos específicos para programas educativos, laborales y culturales, y convenios con Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional y Universidad del Trabajo del Uruguay para ampliar la formación profesional.
Finalmente, se avanzó en la atención a familiares mediante oficinas específicas, una guía de recursos y la actualización del reglamento de visitas con enfoque de derechos y estándares internacionales, además del desarrollo de soluciones tecnológicas para agilizar trámites y consultas.
Las autoridades destacan avances concretos, aunque reconocen que el desafío estructural del sistema penitenciario —marcado por el crecimiento constante de la población reclusa— sigue vigente.