Auditoría Interna de la Nación detectó falencias en 1 de cada 3 centros y advirtió el riesgo de que exista un «uso y/o apropiación indebida de los fondos públicos».
En los próximos días el Directorio de INAU analizará un plan que refuerza la supervisión y control de los 482 CAIFs. Estos centros que forman parte de una política iniciada en el año 1998, son gestionados por organizaciones sociales y atienden a niños de 0 a 3 años de los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
En 2022 estas organizaciones recibieron transferencias por casi 5.000 millones de pesos (US$ 12,5 millones) sin que sobre ellas se realizaran controles eficientes que garantizaran el uso apropiado de esos fondos, según constató un muy crítico informe de la Auditoría Interna de la Nación dado a conocer en noviembre de 2023. La auditoría señaló que uno de cada tres CAIF presenta “ausencia o debilidades en alguno de los pilares del control” por lo que “el proceso de determinación y liquidación de las subvenciones no brinda garantías suficientes de que se esté transfiriendo en función de las necesidades reales de los centros”. Y agregó que se corre el riesgo de que exista un “uso y/o apropiación indebida de los fondos públicos por parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil en desmedro de la atención a los niños, niñas”.
El presidente de INAU Guillermo Fossati sostuvo que los controles deben mejorar “sustancialmente”. Consideró que, a su entender, un aspecto clave es el registro de inasistencias. Las organizaciones sociales reciben la transferencia económica en función del cupo destinado a niños que figura en el convenio con el INAU, pero en gran parte de los centros no se lleva un registro claro y fiel sobre la real asistencia de niños y eso compromete el resultado de la política pública.
El cálculo mensual de la subvención que recibe cada centro se realiza automáticamente a través de una plataforma que cruza la información de la cantidad de niños convenidos, contra los vinculados al proyecto por las organizaciones sociales.
Según la auditoría “esto determina un rol primordial de las organizaciones sociales en la definición del monto que reciben, estando el control de la veracidad de su declaración en las constataciones que realicen los supervisores en las visitas a los mismos”. Pero la ausencia de supervisores hizo que 132 centros recibieran entre enero y mayo de 2023 un total de 92.297.430 sin el cruzamiento de información necesario.
El nuevo plan de contralor también implica aumentar el número de supervisores que al día de hoy asciende a 34 en territorio sin que muchos de ellos cuenten con la idoneidad necesaria para el trabajo que realizan. Además, se tenderá a estandarizar sus informes y mejorar la tecnología que utilizan para acceder a toda la información necesaria en tiempo real.
El presidente del INAU también se refirió a la necesidad de simplificar los procesos para la apertura de centros sin que eso implique resignar los estándares de calidad. “De hecho tenemos que también definir determinados parámetros de calidad mínima de gestión, apuntar a una significativa mejora de la documentación técnica e iniciar un proceso de digitalización de la documentación administrativa”, indicó.
“También debemos determinar si la cantidad y capacidad de los recursos humanos es la correcta. Para ello proponemos un fortalecimiento de las capacitaciones para ese personal que trata con niños en situación de vulnerabilidad y pobreza en un momento de su vida que es determinante para su futuro”, sostuvo Fossati.