La Sociedad Uruguaya de Psiquiatría se ha posicionado en contra de la reciente modificación a la Ley 18.787 de internación compulsiva, aprobada este martes en la Cámara de Diputados. Esta modificación establece que ya no es necesario que un psiquiatra determine la necesidad de internación, sino que basta con el aval de un médico generalista.
El presidente de la sociedad, Artigas Pouy, criticó la normativa, afirmando que «busca el encierro y después no se habla más nada». En una entrevista con Subrayado, Pouy destacó que «no debería haber una internación compulsiva que no sea manejada con criterios técnicos para cada situación en particular».
Pouy cuestionó la efectividad de la ley al señalar: «¿Quién determina si la persona está con problemas de droga o salud mental?» y agregó que «se necesita fortalecer los aspectos técnicos y evaluar cada situación individualmente». Según él, estas decisiones no se pueden hacer mediante decretos, leyes y reglamentos.
Además, Pouy subrayó la falta de dispositivos adecuados para la atención de personas en situación de calle y pidió un acceso a herramientas acordes a las circunstancias cambiantes que afectan el consumo. «Esto tiene un enfoque represivo, donde se busca el encierro sin abordar el problema de fondo», opinó.
Finalmente, Pouy cuestionó el propósito del encierro, argumentando que solo complicará más la ya difícil situación de las emergencias psiquiátricas y de los refugios, que enfrentan limitaciones significativas.