La redacción, añadida por Cabildo Abierto y aprobada en el Senado, va en contra de lo que recomienda la normativa internacional y dará lugar «a que Uruguay reciba observaciones», según la institución.
El aditivo en cuestión dice que: «Los servicios de difusión regulados por la presente ley tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos».
Esta redacción llegó a ser cuestionada por legisladores del oficialismo. Algunos plantearon que «no aporta nada» a la legislación actual y que incluso puede llegar a ser inconstitucional por imponer reglas a los medios y que debería ser vetada por el presidente Luis Lacalle Pou.
Para la INDDHH este aditivo «representa un grave peligro de vulneración al derecho de libre expresión: de votarse, implica de hecho la posibilidad de restringir la libertad de prensa», según indicaron en un comunicado.
«Ello atenta contra el goce de derechos por implicar la posibilidad de controlar los medios y por ende atentar contra el pluralismo de pensamiento. A su vez, se opone a lo que recomienda la normativa internacional sobre la materia, lo que dará lugar con certeza a que Uruguay reciba observaciones», concluye el texto.