La coalición de izquierda impulsará, tras las internas, una iniciativa emparentada con otra de los cabildantes. A su vez, el promotor de norma contra la usura lamenta «presión de los bancos» para no que se trate.
La reestructuración de determinadas deudas es una propuesta de diversos partidos políticos que aún no ha logrado cristalizarse —salvo por las de ciertos deudores del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU). Cabildo Abierto presentó un proyecto de ley al inicio de la legislatura, que reformuló en 2023 pero no prosperó, por lo que resolvió reunir firmas para convocar a un plebiscito para reformar la Constitución.
A su vez, el Frente Amplio ingresó otro proyecto, inspirado en el cabildante, que la bancada opositora pretende impulsar en el segundo semestre, por lo que ya hubo contactos entre senadores del partido de Guido Manini Ríos y otros de la coalición de izquierda.
Por otra parte,una iniciativa aprobada en diciembre en Diputados —impulsada por Daniel Peña, electo por el Partido de la Gente— no ha sido tratada en Comisión de Hacienda del Senado, donde legisladores del Partido Nacional evalúan alternativas para atender la problemática y reconocen que se trata de un asunto “prioritario”.
El senador Charles Carrera (FA), vicepresidente de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, dijo a El País que una prioridad en el segundo semestre del año es impulsar el proyecto de ley titulado: “Reestructuración de deudas de personas físicas y protección de deudores”, que presentó su bancada en marzo de 2023. La oposición explica allí que la iniciativa “recoge la iniciativa presentada por CA en el año 2020 tendiente a la creación de un proceso de reestructuración de deudas de personas físicas, unificando los aspectos fundamentales del mismo junto con la iniciativa del FA relacionada con la protección de deudores por operaciones crediticias”.
“Es inminente tratar la situación de los deudores de bajos recursos que se ven afectados de forma dramática por los intereses, multas y recargos practicados por diferentes instituciones financieras y también por algunos comerciantes, así como las formas abusivas de los mecanismos de cobro de los referidos créditos”, expresa la bancada frenteamplista en la fundamentación del proyecto, que crea “un único proceso, precedido de una audiencia administrativa, para las personas físicas que se encuentren en estado de crisis económico-financiera que no sean titulares de bienes, o que su activo sea su única vivienda con un valor equivalente al establecido para su incorporación como bien de familia y cuyos ingresos anuales sean menores o iguales a la suma de 120.000 Unidades Indexadas (aproximadamente un año de tres salarios mínimos mensuales)”.
Domenech transmitirá a Manini en las próximas horas el interés del FA de promover el proyecto de reestructuración de deudas inspirado en uno anterior cabildante. “Es un tema que nos lo tenemos que plantear en CA porque nos lo ha planteado el senador Carrera. Creemos que se necesita algo más parecido a lo que estamos planteando nosotros como reforma constitucional, pero todavía no hemos tomado una decisión sobre ese tema. Cualquier cosa que favorezca a los deudores a nosotros nos parece bueno, pero vamos a estudiarlo con detención”, dijo Domenech a El País.
En caso de acordar, CA y el FA tienen a priori los votos suficientes en ambas cámaras para alcanzar la mayoría y aprobarlo.
Daniel Peña, diputado electo por el Partido de la Gente, considera que el impulso del FA a otra iniciativa en comisión de Constitución del Senado “puede obedecer a la intención de no votar ningún proyecto”.
“Sé que hubo presiones muy fuertes para que no se tratara” la iniciativa que Diputados aprobó en diciembre y que está a estudio de la comisión de Hacienda del Senado. ¿Presiones de quién? “De los bancos”, respondió Peña.