El encuentro se hará en la Torre Ejecutiva sobre este mediodía; asistirán Nicolás Martinelli (Interior), Alejandro Sciarra (Desarrollo Social) y Karina Rando (Salud Pública), entre otras autoridades.
El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, convocó para este jueves a una reunión en la Torre Ejecutiva con el fin de ultimar detalles antes del inicio de la aplicación de la nueva ley de internación compulsiva, que comenzará a regir este 25 de agosto con un decreto reglamentario que el gobierno tiene prácticamente pronto.
Fuentes oficiales indicaron que el objetivo es generar una instancia de “coordinación” entre los organismos clave que intervendrán en los operativos.
La normativa comenzará a aplicarse el próximo domingo porque así está estipulado en el propio texto que fue aprobado por el Parlamento el 14 de mayo de este año, luego de una discusión legislativa que llevó gran parte de este período de gobierno y que en su momento impulsó el exministro de Desarrollo Social Martín Lema, quien incluso insistió en reiteradas oportunidades por su aprobación —que contó con el rechazo de varios legisladores del Frente Amplio.
Para el gobierno, que ya advirtió que los cambios que impactarán en la población vulnerable que vive a la intemperie se visualizarán en forma paulatina, este es un asunto relevante, que en este año electoral ya ha generado varios enfrentamientos con actores de la oposición.
La discusión de fondo tiene como eje el aumento de la gente que vive en la vía pública y, sobre todo, el crecimiento de las personas que directamente duermen en la calle.
El último censo que realizó el Mides, el año pasado, relevó que en Montevideo —donde está concentrada la problemática— la gente en esta situación aumentó un 24% desde 2021 —pasaron a ser 2.755 los individuos que no tienen hogar.
En respuesta, el oficialismo ha sostenido que el problema tuvo una aguda evolución entre 2016 y 2019, cuando las personas que duermen en la calle crecieron un 88%, y que durante la administración de Lacalle Pou y la gestión de Lema en el Mides se aumentó la respuesta institucional y se crearon refugios de 24 horas.
El cambio legal implicó ampliar las condiciones en que una persona que vive en la calle puede ser trasladada a un lugar seguro a pesar de que el afectado no quiera irse.
Entre otras cosas, para el caso de que la persona se resista físicamente es que está contemplada la participación de la Policía.