Policías se han pronunciado en contra, o al menos tienen reparos en cuanto a aplicarlos ya; fiscales y abogados están divididos, y los jueces prefieren no expresarse; harán lo que la ciudadanía decida.
A partir de las elecciones de octubre de 2024, los allanamientos nocturnos serán un hecho, según avizoran las dos encuestadoras que hicieron estudios sobre la propuesta que se plebiscitará. La consultora Cifra concluyó que 62% de la población votará a favor y Equipos sostiene que, incluso, el porcentaje de votantes que estarían de acuerdo sería más alto: 69%. Pero ¿qué piensan quienes van a tener que aplicarlo?, ¿y de qué manera se va a llevar adelante?
Los allanamientos -tanto diurnos como nocturnos- incumben a tres organismos: la Fiscalía, que es quien lo pide, la Justicia que lo aprueba (o desaprueba), y la Policía que lo lleva adelante.
Los dos sindicatos policiales más grandes -Sipolna y Supu- han presentado sus reparos a la iniciativa. Mientras que Supu se pronunció en desacuerdo, desde Sipolna, su presidenta, Patricia Noy Cardozo, dijo a El País que no están “en contra” de la media, pero no ven “que sea el momento” para aplicarla.
Aunque los representantes de los afiliados mantienen esta posición, en gran parte de los mandos jerárquicos la posibilidad de que se instalen los allanamientos nocturnos es un deseo desde hace más de una década. Julio Guarteche, director de la brigada de Drogas y luego director de la Policía Nacional en gobiernos del Frente Amplio, pidió más de una vez su habilitación. Hoy lo hace el actual director de la Policía, Juan Manuel Azambuya. Sin embargo, voces aisladas, como la del exdirector Mario Layera, se han pronunciado en contra.
Entre los fiscales y los jueces no hay una posición unánime y muchos de los que tienen una opinión marcada prefieren no hacerla pública, por eso de que se ha vuelto un tema político partidario y ellos están vedados de hacer ese tipo de manifestaciones. A nivel de sus gremios, tampoco han -por el momento- generado ninguna consulta sobre el tema a sus socios ni tomado una posición. El espíritu de las respuestas a las consultas de El País fue unánime: si es ley, se cumplirá.
En 2018, el gremio de jueces le había hecho una consulta, que se respondía en forma anónima, a sus socios para ver qué pensaban. En ese momento, el presidente de la asociación y hoy ministro del Tribunal de Apelaciones, Alberto Reyes, fue quien preguntó qué era lo que los magistrados pensaban. Allí, según contó Reyes en entrevistas posteriores, contestaron unánimemente que “nunca les pasó que se frustrara un procedimiento por el impedimento” de no poder ha- cer allanamientos durante la noche.
“La respuesta fue unánime, no sirven para nada (…) No hubo ni un juez que me dijera que con esto se podría mejorar”, sostuvo entonces.
Los fiscales, por su parte, no han tenido ningún tipo de relevamiento a nivel gremial, pero algunos expresaron su posición públicamente. La exfiscal de Corte subrogante y encargada de las investigaciones de macrotráfico, Mónica Ferrero, en 2020 había dicho que entendía que era “conveniente” que hubiera allanamientos nocturnos. En entrevista con El Observador, dijo que “por lo general consumen la droga adentro toda la noche, y al otro día cuando se allana no queda nada”.
Por otra parte, Carlos Negro, fiscal de Homicidios y exfiscal de Crimen Organizado, defendió recientemente la posición contraria. Sostuvo, en declaraciones a Canal 10, que el allanamiento nocturno “no cuenta con evidencia que respalde sus buenos resultados”, lo que a su entender hace que “signifique tomar un riesgo para la integridad física” de los policías.
Consultado sobre este punto, Germán Aller, director del Instituto de Derecho Penal de la Udelar, explicó que no han formulado ningún informe sobre el tema porque no les fue solicitado.
Días atrás, Aller afirmó, en diálogo con TV Ciudad, que “en términos generales promedialmente los técnicos” son “cautelosos, reacios o (están) directamente en contra” de la medida.
En noviembre del año pasado, hubo un evento académico convocado por la agrupación Brum, de la Facultad de Derecho, en donde departieron sobre el tema el propio Aller (grado 5), Blanca Rieiro, también integrante del instituto y jueza penal de Montevideo, Andrés Ojeda, penalista y hoy candidato a la presidencia por los colorados, y Diego Sanjurjo, asesor del Ministerio del Interior. En esa instancia, Ojeda y Sanjurjo defendieron la posición a favor de los allanamientos nocturnos, y Aller y Rieiro fueron críticos con la medida.
En esa oportunidad, Ojeda había abogado por no “amputarse una herramienta” que podría llegar a ser útil, e hizo hincapié en que esta medida se utilizaría siempre que el allanamiento no se pudiera hacer de día. “La garantía no la da la luz del sol, la da un juez”, dijo.
Uruguay es uno de los cuatro países de la ONU, junto a Mozambique, Guatemala y Cabo Verde, que no tiene habilitados los allanamientos nocturnos. El ministro del Interior, Nicolás Martinelli, reiteró su defensa a favor del plebiscito esta semana.