Según las cancillerías, este no es más que «otro intento de silenciar» al excandidato presidencial en Venezuela, que afirma tener pruebas de que le ganó a Nicolás Maduro.
Uruguay, Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana firmaron una declaración para rechazar «de manera inequívoca y absoluta» la orden de arresto contra Edmundo González Urrutia en Venezuela.
La orden de detención contra el excandidato presidencial de la oposición a Nicolás Maduro fue emitida por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.
«Dicha orden de aprehensión cita varios supuestos delitos que no son más que otro intento de silenciar al señor González, desconocer la voluntad popular venezolana, y constituye persecución política», indicaron las cancillerías de los siete Estados.
«En un país donde no hay separación de poderes ni las garantías judiciales mínimas y donde abundan las detenciones arbitrarias, condenamos estas prácticas dictatoriales y nuestros esfuerzos serán firmes y continuos para exigir a las autoridades venezolanas garantizar la vida, la integridad y la libertad de Edmundo González Urrutia», apuntaron los cancilleres.
La Fiscalía de Venezuela solicitó este lunes a un juzgado especializado en delitos de “terrorismo” que emita una “orden de aprensión” en contra del abanderado de la mayor coalición opositora por su “presunta comisión de delitos de usurpación de funciones” y “forjamiento de documento público”, con relación a las actas electorales de las presidenciales del pasado 28 de julio.
La solicitud se hace después de que la Fiscalía citara a González Urrutia en tres ocasiones y el opositor decidiera no presentarse, al desconocer en calidad de qué debía comparecer y al no reconocer los delitos que el Ministerio Público le atribuye. Según un oficio del ente fiscal con fecha de este lunes, al antichavista se lo acusa también de “instigación a la desobediencia de leyes”, “conspiración”, “sabotaje a daños de sistemas y asociación (para delinquir)”.
La investigación a González Urrutia guarda relación con la publicación de una página web en la que la principal coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- asegura haber cargado “el 83,5% de las actas electorales” recabadas por testigos y miembros de mesa la noche de la elección para sustentar su denuncia de fraude en las presidenciales.