En un evento que contó con la presencia de los principales dirigentes de la coalición, incluidos el candidato presidencial Yamandú Orsi y la candidata a vicepresidenta Carolina Cosse, se dieron a conocer los ejes centrales de su plan de gobierno.
El documento destaca tres prioridades fundamentales: crecimiento económico estable, cuidado y protección social, y una mejora sustancial en la seguridad pública. El FA enfatiza que es necesario «actuar para resolver los problemas que afectan a la sociedad», argumentando que el país está «sin un horizonte claro de esperanza».
En materia de seguridad, el FA propone políticas concretas para enfrentar el crimen organizado, incluyendo medidas contra el lavado de activos, el fortalecimiento del Ministerio del Interior y un mejor control de las fronteras. Además, subraya la importancia de integrar políticas sociales para abordar la seguridad como un derecho humano.
En cuanto a la protección social, el énfasis está en garantizar oportunidades para infancias y adolescencias, asegurando que ningún joven quede sin posibilidades de desarrollo.
En el ámbito económico, el FA sugiere revisar el sistema fiscal para adaptarlo al contexto global y propone incentivos para que las multinacionales paguen impuestos en Uruguay. También plantea medidas para reducir costos energéticos y burocráticos, apoyando a pequeñas y medianas empresas y emprendimientos turísticos.
Otras propuestas incluyen el fortalecimiento del Instituto Nacional de Colonización, con la asignación de tierras a productores rurales, así como un aumento en el poder adquisitivo de los trabajadores. Además, se propone reintroducir la Tarifa Consumo Básico para hogares vulnerables y crear un programa de empleo para jóvenes.
En salud, se impulsa un plan de acción en salud mental y mejoras en el acceso a medicamentos y servicios, junto con la reducción de tiempos de espera para cirugías y consultas. En seguridad, destacan la incorporación de cámaras de vigilancia, la contratación de nuevos efectivos policiales y regulaciones más estrictas sobre donaciones y designaciones en el Estado.