La fiscal Porteiro pidió su desafuero este martes, pero finalmente el exjerarca decidió renunciar al Senado; no bajará su candidatura pero aseguró que si resulta electo y la causa sigue, volverá a dimitir en febrero de 2025.
La fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 2do Turno, Silvia Porteiro, adelantó que pedirá imputar al hasta hoy senador Charles Carrera por abuso innominado de funciones y para eso pidió su desafuero. Carrera, que dijo no compartir el escrito fiscal, renunció a su banca porque entiende que su deber “como ciudadano y militante” es presentarse a la Justicia “como lo haría cualquier hijo de vecino”.
En el escrito en el que solicitó el desafuero, la fiscal Porteiro describió las irregularidades que, entiende, cometió Carrera. Él emitió varias órdenes verbales a través de las que se garantizó la asistencia de Víctor Hernández, un civil, en el Hospital Policial.
Hernández fue baleado en 2013 y se presume que el proyectil salió de una casa oficial del Ministerio del Interior donde varios oficiales estaban celebrando una fiesta. Carrera dispuso que se lo atienda en el Hospital Policial, donde permaneció internado tres años, y en una oportunidad –al comienzo del caso– le otorgó a su familia tickets alimentación por $ 20 mil.
En total, el gasto fue de US$ 260.000, calculó la Fiscalía. Fue una situación «anómala, indebida e irregular», advierte el escrito.
Una vez que la renuncia se efectivice, la Fiscalía deberá solicitar una audiencia a la jueza de Crimen Organizado de 2do Turno en donde formalmente pedirá que se lo impute. Cuando la persona a ser imputada se encuentra en libertad, el juez tiene cerca de 20 días para fijar la audiencia.
Lo que hizo Carrera es ilegal, sostiene Fiscalía, porque solo pueden asistirse en el Hospital Policial los policías en actividad, retirados o pensionistas, aquellos que tengan un vínculo «funcional o previsional» con ellos o sean hijos, cónyuges, concubinos o padres a cargo del policía titular.
Es decir, «no existe ninguna norma legal o reglamentaria que habilite a incluir como usuario a quien no encuadra en esos requisitos».
A juicio de la Fiscalía, es claro que la internación de Hernández en el Hospital Policial “es arbitraria e inmotivada”. «De hecho, si la intención era brindar una autorización especial, se saltearon y omitieron todos los requisitos mínimos que justificarían su ingreso”, complementó.
“El procedimiento tiene un marco legal y reglamentario, por lo que la entrega de dichos tickets de alimentación a Víctor Hernández es un claro desvío de los dineros públicos ordenada por Charles Carrera quien firma las órdenes de pago a Tesorería y quien indica el beneficiario”, resumió.