Desmienten que se haya tratado de un «problema de consumo de sustancia en ocasión del trabajo» y apuntan a que la institución omitió la aplicación de la ley de salud mental.
Semanas atrás, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvió destituir a la Jueza Letrada de Primera Instancia de Treinta y Tres de 2° Turno tras recibir denuncias por atrasos en el dictado de resoluciones. Pero la defensa de la letrada sostiene que este hecho no culminó como tal, ya que presentaron un recurso de revocación y denuncian que, al hacerse pública la información, el Poder Judicial violó la reserva del caso.
Así lo explicó a El País la defensora de la letrada, Valentina Piquinela, que aseguró que se trató de «un incumplimiento grave del proceso administrativo».
Como informara El País, la denuncia a la jueza fue iniciada por parte de abogados por el presunto atraso en el dictado de sentencias, por lo que a la letrada se le inició un sumario. A esto se le añadieron testimonios de abogados y funcionarios disconformes con las actitudes de la jueza en las audiencias. Entre otros, los testigos indicaron que llegaba a «llorar» o hablar de temas personales en entornos profesionales y llegaron a sugerir que consumía sustancias en sus idas al baño. Uno de estos, testificó que desde la sala de audiencias se oían «sonidos raros de la nariz».
La defensa de la jueza desmintió las acusaciones referidas al consumo de sustancias e insistió en que estas no fueron probadas como para ser utilizadas en la resolución. «Información absolutamente falsa es la que sugiere el consumo de drogas, no estuvo como base en la fundamentación de la resolución, fueron algunos testimonios los que sugirieron eso, pero la información estaba protegida por reserva», explicó Piquinela.
«Aquí no existe un problema de consumo de sustancia en ocasión del trabajo, pero en los casos que existe tampoco la primera actitud del empleador puede ser la exclusión y la sanción a quien lo padece, sino que se requiere una derivación asistencial adecuada», añadió.
Para la defensa de la jueza, la «destitución» fue un recurso «desproporcional» ya que hubo omisiones. Piquinela apuntó a que en este proceso sí se probó que la letrada sufrió un «quebrantamiento mental» como consecuencia del estrés laboral.
Como informara El País, la propia jueza admitió que existía «un atraso importante en decretar y en el dictado de algunas sentencias interlocutorias y definitivas», pero manifestó que esto no era «exclusivamente su responsabilidad» y que respondían «al volumen de trabajo de la sede», con el que se encontró a su llegada a Treinta y Tres.
Piquinela añadió que su clienta pidió expresamente no ser trasladada a Treinta y Tres porque estaba bajo «un alto grado de estrés emocional» debido al reciente fallecimiento de su padre, pero que no se hizo lugar a su pedido.
Piquinela explicó que, pese a que la letrada estaba exhausta, se abstuvo de certificarse o tomarse días libres porque «la Corte no envía sustitutos» y que cuando lo hizo el trabajo quedó «paralizado».