Una nueva medición del BID cuantifica el impacto del crimen en Uruguay en capital humano por los homicidios o las lesiones que dejan secuelas físicas y mentales, además del gasto en seguridad pública y privada.
El caso puede ser cualquiera de los que aparecen a diario en los informativos de televisión. Un repartidor asesinado en un intento de robo o una mujer, madre y también trabajadora, que zafó del homicidio, pero quedó con lesiones severas, no solo físicas. Sus familias, sus compañeros, quedaron destrozados. La muerte de él y las consecuencias sufridas por ella como víctima “no letal” erosionan el “capital humano”, lo mismo que si el autor de esos crímenes terminó preso. Ese es uno de los costos económicos directos de la delincuencia y la violencia, que se suma a otros, como el gasto en seguridad pública, en vigilancia privada, en el sistema judicial, en cárceles.