Actualmente, la Ley 18.227 de 2008 establece que, para acceder a estas prestaciones, es requisito la inscripción y asistencia regular de los niños a un centro educativo.
Durante la última campaña electoral, tanto el presidente Yamandú Orsi como el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, expresaron su intención de eliminar esta condición. Orsi señaló que no se debería exigir a una parte de la población algo que no puede cumplir, mientras que Oddone abogó por transferencias no condicionadas, argumentando que han sido efectivas en países con altos niveles de ingresos.
Esta discusión no es nueva en Uruguay. La exigencia de asistencia escolar para el cobro de asignaciones familiares ha sido motivo de debate en administraciones anteriores del FA y se aplicó de manera consistente durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, excepto en 2020 debido a la pandemia.
El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) han señalado la necesidad de evaluar los resultados de esta política para determinar su continuidad o modificación.
El debate actual se centra en si mantener la obligatoriedad de la asistencia escolar como condición para recibir las asignaciones familiares es la mejor estrategia para garantizar la educación de los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.