En febrero de 2024, Martina Casás, diputada suplente del Frente Amplio por el sector Marea Frenteamplista, presentó una denuncia por acoso sexual y laboral contra el diputado titular de su banca, Gustavo Olmos. Según Casás, Olmos habría incurrido en conductas inapropiadas, incluyendo besos y abrazos no consentidos, así como tocamientos indebidos. Esta denuncia dio lugar a dos procesos judiciales: uno penal y otro laboral.
Proceso Penal
La investigación penal, iniciada en febrero de 2024, ha enfrentado críticas por su prolongada duración. En abril de 2025, durante una audiencia, la defensa de Olmos solicitó el archivo de la causa debido a la inactividad de la Fiscalía durante nueve meses. El juez Matías Porciúncula rechazó el archivo pero otorgó a la fiscal Mariana Alfaro un plazo de 120 días para decidir si formaliza o archiva la causa. La fiscal expresó que el plazo es “sumamente acotado” y anunció su intención de apelar la decisión.
Proceso Laboral
Paralelamente, Casás presentó una demanda laboral contra Marea Frenteamplista, reclamando una indemnización de $1.000.000 (aproximadamente USD 25.000) por despido indirecto y abusivo, argumentando que las condiciones laborales se volvieron insostenibles debido al acoso. En las audiencias, testigos como la diputada Micaela Melgar declararon que Casás trabajaba como secretaria o asesora de Olmos, mientras que la defensa de Marea Frenteamplista sostiene que no existía una relación de subordinación laboral entre ambos.
Posturas de las Partes
- Martina Casás: Alega que sufrió acoso sexual y laboral por parte de Olmos, lo que la llevó a presentar las denuncias correspondientes. Ha manifestado sentirse desprotegida y cuestiona el manejo del caso por parte de su sector político.
- Gustavo Olmos: Niega las acusaciones, admitiendo únicamente la existencia de “picos” (besos breves) entre ambos, pero sostiene que fueron consensuados y que no hubo una relación de pareja ni conductas inapropiadas.
- Marea Frenteamplista: Defiende que no existía una relación laboral de subordinación entre Olmos y Casás, argumentando que ella era diputada suplente y no una empleada del sector. Además, cuestiona la existencia de una asimetría de poder, señalando que Casás es practicante de aikido y que Olmos tiene una discapacidad física.
Situación Actual
Al 8 de abril de 2025, ambos procesos judiciales están en curso. La Fiscalía tiene hasta agosto de 2025 para definir la situación penal de Olmos. En el ámbito laboral, las audiencias continúan con la comparecencia de testigos y presentación de pruebas. Este caso ha generado un debate público sobre las dinámicas de poder y las políticas de género dentro de los partidos políticos en Uruguay.