El conflicto interno en la Fiscalía General de la Nación de Uruguay se ha intensificado recientemente debido a discrepancias entre la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, y la Asociación de Fiscales. El desencadenante fue una resolución emitida por Ferrero el 21 de marzo de 2025, que prohíbe a los fiscales tomar licencias que coincidan con sus turnos de flagrancia, períodos en los que deben atender delitos cometidos en el momento. Esta medida generó descontento en el gremio, que también solicitó licencias para el cuidado de familiares enfermos y por hijos con discapacidad, sin lograr acuerdo. Ambas partes han solicitado la intervención del Ministerio de Trabajo, que ha convocado una instancia tripartita para el 25 de abril con el fin de resolver la situación.
En respuesta, la Asociación de Fiscales implementó medidas como no autorizar órdenes de allanamiento ni detenciones durante una semana, excepto en casos donde esté en riesgo la vida, integridad física o libertad de las personas. Ferrero advirtió que estas acciones podrían tener «consecuencias de entidad» y «responsabilidades administrativas graves». Además, el gremio busca que los fiscales adscriptos subroguen a los titulares ausentes, recibiendo compensaciones salariales, propuesta que Ferrero rechaza por razones presupuestales, enfatizando que la gestión de los fondos públicos es su atribución exclusiva.
La tensión aumentó cuando fiscales afiliados al gremio, como Ricardo Perciballe, criticaron a Ferrero por no respaldar a la institución ante cuestionamientos políticos y por implementar resoluciones que consideran perjudiciales para sus derechos laborales. Ferrero, por su parte, cuestiona las formas de protesta del gremio y sostiene que, aunque se reconoce la necesidad de más fiscales, las medidas adoptadas no son la vía adecuada para reclamar cambios.
Este conflicto refleja tensiones sobre la gestión interna de la Fiscalía y la distribución de recursos, en un contexto de demandas gremiales por mejores condiciones laborales y mayor respaldo institucional.