La declaración jurada de Christian Morel vuelve a generar cuestionamientos: su patrimonio creció un 85% en dos años, y desde que asumió la Alcaldía, creció en el entorno del 400%.
En su declaración de 2023 había mostrado un incremento de su patrimonio de más del 300% desde que asumió el cargo como alcalde de Rio Branco.
La Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) publicó recientemente las declaraciones juradas de bienes e ingresos de los candidatos a las intendencias, tal como lo establece el artículo 11 Bis de la Ley 17.060. Uno de los documentos que volvió a despertar atención pública es el del actual alcalde de Río Branco y aspirante a la Intendencia de Cerro Largo, Christian Morel, debido al notorio incremento de su patrimonio personal.
En su declaración fechada al 10 de abril de 2025, Morel informó que percibe un sueldo líquido mensual de $126.441 por su rol como alcalde. A su vez, declaró tener $1.200.000 en una cuenta bancaria, lo que representa un incremento de $800.000 respecto a su última declaración. También figura como propietario de dos inmuebles valuados en $1.680.000 cada uno, y mantiene el mismo automóvil modelo 2022, ahora tasado en $924.000.
Un dato llamativo es que Morel declara no tener deudas, lo que lleva su patrimonio neto total a $5.484.000, lo que significa un crecimiento de aproximadamente 85% respecto a su declaración jurada de 2023. En aquel año, su patrimonio ya había sido objeto de comentarios por haber aumentado más de un 300% desde que asumió la alcaldía.
Si se comparan los ingresos totales declarados con el crecimiento patrimonial registrado, surge una conclusión inquietante: el estilo de vida asumido en sus cuentas implicaría que el alcalde habría vivido con un promedio de $21.500 mensuales durante el período, cifra baja en relación al nivel de ingresos que percibe y que, según algunos observadores, no se corresponde razonablemente con su evolución patrimonial.
La información ha reavivado cuestionamientos sobre la transparencia y la rendición de cuentas de los jerarcas públicos, especialmente en el contexto de una campaña electoral. Desde sectores de la oposición se ha señalado la necesidad de esclarecer este crecimiento patrimonial y se han planteado interrogantes sobre posibles ingresos no declarados o subvaluación de activos.
Por el momento, la JUTEP no ha emitido un dictamen al respecto, pero se prevé que el caso siga bajo el radar de la opinión pública y eventualmente de la propia junta, si se determina que hay inconsistencias que ameriten un análisis más profundo.