La propuesta de establecer un triunvirato para dirigir la Fiscalía General de la Nación en Uruguay ha resurgido como una posible solución para destrabar la designación del nuevo fiscal de Corte, un tema estancado desde hace años debido a la falta de consenso político. Esta iniciativa, impulsada por sectores de la oposición, busca reemplazar la figura unipersonal del fiscal de Corte por una dirección colegiada de tres miembros, lo que requeriría una reforma constitucional.
Posturas políticas encontradas
El Partido Nacional y el Partido Colorado han cerrado filas en apoyo a la actual fiscal subrogante, Mónica Ferrero, y consideran que cualquier candidato propuesto por el Ejecutivo sería inaceptable, ya que lo perciben como cercano al exfiscal de Corte Jorge Díaz, en quien no confían. En este contexto, la idea del triunvirato ha sido retomada por figuras como los senadores Javier García (Partido Nacional) y Pedro Bordaberry (Partido Colorado), quienes ven en esta propuesta una forma de diluir el poder concentrado en la figura del fiscal de Corte y facilitar un acuerdo político.
Por otro lado, el Frente Amplio se opone firmemente a esta iniciativa, argumentando que establecer un triunvirato politizaría aún más el Ministerio Público y socavaría su independencia técnica. El senador frenteamplista Eduardo Brenta expresó que esta propuesta representaría “una suerte de cuantificación política” de la dirección de la Fiscalía, lo que sería perjudicial para la institución. Además, el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, Willian Rosa, también manifestó su rechazo, señalando que la propuesta busca un “intercambio de figuritas” y que la politización es precisamente lo que se critica actualmente en la Fiscalía.
Perspectivas futuras
El senador Gustavo Zubía, quien originalmente presentó la propuesta del triunvirato, ha declarado que no impulsará la iniciativa en este momento debido a la oposición del Frente Amplio, que ahora tiene la responsabilidad de buscar una salida al estancamiento. Mientras tanto, el tema no ha sido abordado con intensidad en el Parlamento, aunque la necesidad de llegar a un acuerdo para designar al fiscal de Corte y otros cargos de contralor sigue siendo objeto de conversaciones informales entre el oficialismo y la oposición, especialmente tras la jubilación de un integrante del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
En resumen, la propuesta del triunvirato refleja las profundas divisiones políticas en torno a la dirección del Ministerio Público en Uruguay, y su implementación dependerá de la capacidad de los actores políticos para alcanzar un consenso que respete la independencia y la eficacia de la Fiscalía.