El gobierno uruguayo ha alcanzado un acuerdo con el consorcio Grupo Vía Central (GVC), responsable de la construcción del Ferrocarril Central, para resolver una disputa contractual que amenazaba con derivar en un arbitraje internacional. El Estado se comprometió a pagar un total de US$ 144 millones al consorcio, una cifra inferior a los US$ 160 millones inicialmente reclamados por GVC.
El acuerdo se divide en dos partes:
Primera etapa (24 de diciembre de 2023 al 7 de agosto de 2024): El Estado abonará US$ 56,5 millones por este período, durante el cual se realizaron pruebas de la infraestructura y comenzaron los envíos de carga por parte de UPM. Esta cifra será evaluada por un mediador, que será designado en los próximos 30 días y tendrá un plazo de 60 días para determinar si el monto es adecuado.
Segunda etapa (8 de agosto de 2024 al 31 de marzo de 2025): Se acordó el pago del 80% de lo correspondiente por la disponibilidad de la vía, aplicando el “descuento máximo que permite el contrato”. El 20% restante no se abonará debido a problemas en la infraestructura detectados durante su uso inicial, como roturas.
Este acuerdo busca evitar un proceso de arbitraje internacional y resolver las diferencias surgidas entre el Estado y el consorcio constructor del Ferrocarril Central.