El 19 de mayo de 2025, diversas organizaciones sociales presentaron una demanda judicial solicitando la nulidad del contrato del Proyecto Neptuno-Arazatí. Esta acción legal, impulsada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV) y la agrupación Tucu-Tucu, con el respaldo de la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad de la República, se fundamenta en la defensa del agua como bien común y en la necesidad de garantizar procesos democráticos en decisiones ambientales.
Las organizaciones argumentan que el contrato con el consorcio Aguas de Montevideo, firmado por OSE, contraviene el artículo 47 de la Constitución uruguaya, que establece que el servicio de abastecimiento de agua para consumo humano debe ser prestado exclusivamente por organismos públicos. Además, señalan que el proceso careció de la transparencia y participación ciudadana necesarias, poniendo en riesgo el pacto democrático que consagra el agua como un derecho humano fundamental.
El abogado Juan Ceretta, representante legal de las organizaciones, destacó que esta demanda busca no solo la anulación del contrato, sino también enviar un mensaje sobre la importancia de la participación ciudadana en decisiones que afectan al medio ambiente y a los recursos naturales del país.
El Proyecto Neptuno-Arazatí, que contempla la construcción de una planta potabilizadora en la zona de Arazatí, ha sido objeto de controversia desde su anuncio, debido a preocupaciones sobre su impacto ambiental y su modelo de gestión. La demanda presentada representa un nuevo capítulo en el debate sobre la gestión del agua en Uruguay y la necesidad de garantizar procesos democráticos y transparentes en proyectos de esta magnitud.