El gobierno uruguayo ha dado por cerrado el episodio relacionado con el Instituto Nacional de Colonización (INC) tras la renuncia de Eduardo Viera a la presidencia del organismo. La decisión se tomó luego de que se confirmara que Viera, además de ser presidente del INC, mantenía su condición de colono activo, lo cual contraviene el artículo 200 de la Constitución, que prohíbe a los colonos ocupar cargos públicos que impliquen autoridad o jurisdicción. Aunque se consideraron alternativas, como que Viera dejara de explotar personalmente su predio, finalmente se concluyó que su renuncia era la única solución plausible para resolver el conflicto de intereses. Esta situación también generó un debate jurídico sobre la validez de los actos administrativos firmados por Viera durante su gestión, dado que su nombramiento podría haber sido inconstitucional.
