Montevideo, 11 de junio de 2025 – El gobierno del Frente Amplio (FA) refrendará este año y el próximo la exigencia de que niños y adolescentes asistan regularmente a clase para percibir la Asignación Familiar‑Plan de Equidad (AFAM‑PE), a pesar de las promesas previas del presidente Yamandú Orsi y del ministro de Economía Gabriel Oddone de eliminar este requisito.
Durante la campaña electoral, Orsi declaró en VTV que “el componente de la retribución ya no se discute más… no le pidas algo que no te puede dar”
Por su parte, Oddone se manifestó partidario de avanzar hacia “transferencias no condicionadas”, siguiendo modelos adoptados en países de mayores ingresos
Sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) confirmó que el mecanismo vigente se mantiene:
Dos cortes por año: en julio por inscripción, y en octubre por inasistencia acumulada.
Se da un plazo de un mes tras notificación para reincorporarse antes de suspender la asignación
En 2024, 6.142 menores fueron suspendidos por inascripción; solo 330 volvieron a clases tras el plazo y 5.812 perdieron el beneficio
Juan Martín Fernández Vallo, director nacional de Transferencias y Datos del Mides, admitió que no están dispuestos a modificar la ley 18.227, pero sí evalúan sustituir la penalización por mecanismos de apoyo directo.
“El Estado no debe quedar indiferente ante la inasistencia […] deberían buscarlos, preguntar qué pasa”
El Mides trabaja con ANEP en acciones afirmativas —comunicaciones, seguimiento personalizado— para evitar la baja del beneficio, aunque no hay propuestas concretas aún ni decisión de modificar la norma.
Entre 2018 y 2024, casi el 90 % de las suspensiones por inasistencia se hicieron efectivas, salvo durante 2020 por la pandemia
El objetivo oficial es incentivar la escolarización, pero persisten interrogantes sobre la eficacia del recorte como herramienta de incentivo
El debate podría trasladarse al Parlamento: Mides sugirió que cualquier cambio a la ley debería discutirse allí.
Se espera que el diálogo con ANEP derive en protocolos de asistencia activa, seguimiento y acompañamiento.
No se descartan versiones revisadas para 2026, aunque no están definidas, sujeto a análisis de resultados del plan.
En síntesis, el gobierno dice estar evaluando alternativas más humanas y eficaces al castigo por inasistencia, manteniendo la exigencia formal por ahora. El desafío será encontrar un equilibrio entre protección social y estímulo educativo sin penalizar a quienes tienen dificultades para cumplir.