La investigación judicial sobre el desvío de fondos del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc) sumó en las últimas horas un elemento clave: documentos que indicarían que la presunta estafa se remonta al año 2018. El dato surge de la auditoría interna encargada por la nueva administración del fondo, que halló una serie de cartas firmadas por el entonces dirigente sindical y actual diputado comunista Daniel Diverio, en las que solicitaba dinero para «ayudas especiales» dirigidas a obreros en situación vulnerable.
Según el informe, los cheques emitidos tras esas solicitudes eran cobrados por Bruno Bertolio, dirigente sindical procesado por apropiación indebida, estafa, asociación para delinquir y lavado de activos, tras detectarse que entre 2023 y 2024 retiró más de US$ 1 millón del fondo mediante transferencias y préstamos irregulares.
Fosvoc es un fondo tripartito integrado por el Sunca, la Cámara de la Construcción del Uruguay y la Liga de la Construcción, y está destinado a atender emergencias habitacionales de trabajadores del sector. La auditoría reveló que muchos de los beneficiarios supuestamente asistidos no existen o nunca recibieron los fondos. Parte del dinero habría sido utilizado para la compra de inmuebles, vehículos y otros bienes registrados a nombre de testaferros.
A medida que la Fiscalía amplía el alcance de la investigación, surgen vínculos entre las maniobras fraudulentas y presunto financiamiento político. El fiscal Gilberto Rodríguez sostiene que se trata de una estructura delictiva organizada y solicitó a la Senaclaft una auditoría de los movimientos financieros del Partido Comunista y del propio Sunca, para determinar si parte del dinero sustraído terminó financiando actividades partidarias.
Diverio, por su parte, reconoció haber firmado las solicitudes, pero negó tener conocimiento de que los fondos no llegaban a destino. Además de Bertolio, otros nombres aparecen en la investigación, como la exsecretaria financiera de Fosvoc, Laura Alberti, y el también diputado comunista Óscar Andrade, cuya actuación en el caso aún está bajo análisis.
En tanto, la Justicia continúa con el cruzamiento de datos bancarios, rastreo de propiedades y llamadas telefónicas. Se prevé que en agosto se cite a declarar a nuevos testigos, incluidos dirigentes sindicales y políticos, para aclarar responsabilidades.
El caso Fosvoc se encamina a ser una de las investigaciones por corrupción más significativas de los últimos años, por su duración, el volumen de fondos involucrados y la posible participación de figuras del ámbito sindical y parlamentario.