El proyecto de ley de Presupuesto 2026 que el gobierno de Yamandú Orsi presentará en agosto al Parlamento incluirá una reforma clave para combatir los fraudes financieros vinculados a inversiones en activos reales, como ganado e inmuebles. La iniciativa otorga al Banco Central del Uruguay (BCU) potestades para regular y supervisar estas operaciones cuando incluyan promesas de rentabilidad, una práctica que hasta ahora quedaba fuera del alcance del organismo.
La modificación apunta a llenar un vacío legal que ha sido aprovechado por empresas para captar dinero de miles de personas con la promesa de retornos elevados, sin estar sujetas a los controles del sistema financiero formal. En los últimos años se registraron múltiples estafas de este tipo, entre las que destacan los casos de Conexión Ganadera, Grupo Larrarte y República Ganadera, que afectaron a más de 6.800 inversores y generaron perjuicios millonarios.
Actualmente, el BCU regula instrumentos tradicionales como fondos, acciones y fideicomisos, pero carece de herramientas para intervenir en operaciones sobre activos reales que impliquen rendimientos financieros, al no ser consideradas actividades financieras propiamente dichas. Con la reforma, cualquier negocio que ofrezca al público una ganancia monetaria sobre la base de un bien tangible pasará a estar sujeto a regulación.
La propuesta busca evitar que se repitan esquemas similares a los de Conexión Ganadera, señalada por autoridades y expertos como la mayor estafa de la historia uruguaya. En ese caso, los inversores compraban ganado bajo contratos que prometían altas ganancias, pero la empresa terminó incumpliendo sus compromisos, generando una crisis judicial y económica de amplio alcance.
Desde el gobierno se insiste en que la medida no afectará las operaciones comerciales corrientes del sector productivo, como la compraventa de ganado o tierras sin promesa de rentabilidad. El foco estará exclusivamente en aquellas ofertas que se publicitan como instrumentos de inversión, con rendimientos asociados, y que deben estar debidamente registradas y supervisadas.
La nueva normativa se presenta como parte de un esfuerzo por fortalecer la protección al inversor, mejorar la transparencia y prevenir futuras estafas que socavan la confianza en el mercado. El tratamiento parlamentario del Presupuesto, que se iniciará en las próximas semanas, definirá el alcance final de estas disposiciones.