El Ministerio del Interior presentó un informe diagnóstico que alerta sobre una creciente transformación del crimen en Uruguay, con la aparición de redes delictivas autónomas y un avance sostenido de los mercados ilegales en distintos puntos del país. El estudio, elaborado por el Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA), expone una realidad compleja que va más allá del narcotráfico tradicional y plantea desafíos estructurales para la seguridad pública.
Según el documento, Uruguay ya no funciona únicamente como país de tránsito de drogas, sino que se ha convertido en territorio de acopio y consumo. Esta situación ha derivado en un aumento de la violencia asociada a disputas territoriales, así como en un incremento del microtráfico y del consumo de sustancias como cocaína, pasta base y drogas sintéticas. A ello se suma la detección de fenómenos incipientes de “gobernanza criminal” en barrios periféricos, tanto de Montevideo como del interior del país.
El diagnóstico se enmarca en un contexto regional preocupante: América Latina y el Caribe concentran el 29 % de los homicidios globales, a pesar de representar apenas el 8 % de la población mundial. En este escenario, Uruguay ocupa el quinto lugar en América del Sur en tasa de homicidios, con aproximadamente 9 casos cada 100.000 habitantes, detrás de Colombia, Brasil, Venezuela y Ecuador.
La percepción ciudadana también refleja la creciente preocupación. De acuerdo a la última Encuesta de Victimización del INE, el 42 % de la población se siente insegura o muy insegura al caminar por su barrio durante la noche. En tanto, el informe ministerial identifica que los homicidios tienden a concentrarse en los meses de verano y en franjas horarias que van desde las 19:00 hasta la medianoche.
Entre los delitos complejos que más crecieron en el último año se destacan el tráfico de armas provenientes de países vecinos, la trata de personas y la expansión de la pesca ilegal. Los cinco delitos más denunciados en 2024 fueron hurto, violencia doméstica, estafa, rapiña y amenazas.
Otro eje de preocupación es la situación del sistema penitenciario, que presenta altos niveles de hacinamiento y una elevada tasa de reincidencia. Con 449 reclusos cada 100.000 habitantes, Uruguay posee una de las tasas carcelarias más altas de la región. Además, cerca del 65 % de las personas liberadas reincide antes de los tres años.
El Ministerio del Interior propone un conjunto de medidas para hacer frente a este escenario, entre ellas: la construcción de un sistema integrado y transparente de información criminal, el diseño de políticas preventivas focalizadas en territorios específicos, y la implementación de una represión inteligente que concentre recursos en los actores más violentos. También se subraya la necesidad de fortalecer la cooperación técnica internacional y el análisis criminal como herramientas claves para una respuesta más eficaz del Estado.
El diagnóstico constituye una hoja de ruta urgente para redefinir las políticas de seguridad pública en Uruguay, en un contexto donde las estructuras delictivas evolucionan rápidamente y se arraigan en dinámicas sociales cada vez más complejas.