La crisis financiera de Conexión Ganadera se agrava con el paso de las semanas y los datos actualizados del proceso concursal revelan un panorama más sombrío del previsto. El déficit patrimonial de la empresa supera los 250 millones de dólares, mientras que la masa de activos disponibles para responder ante los reclamos de más de 4.000 inversores es cada vez más limitada.
El segundo remate judicial realizado esta semana —con más de 14.000 cabezas de ganado vendidas por unos 8 millones de dólares— se suma a los más de 35.000 vacunos ya liquidados desde el inicio del proceso en febrero. Sin embargo, el fideicomiso de liquidación enfrenta grandes dificultades para alcanzar los montos necesarios para cubrir el volumen de pasivos declarado, que se sitúa entre los 320 y 350 millones de dólares.
En un principio, los activos totales de la firma se estimaban en el orden de los 100 millones de dólares. Sin embargo, tras una revisión exhaustiva se constató que varios de los campos y bienes declarados no pertenecen a la empresa, sino a sus socios. Así, el activo real se redujo a unos 40 millones de dólares, sumando un nuevo golpe a las expectativas de los acreedores comunes.
A este escenario se suma el reclamo de la Dirección General Impositiva (DGI), que exige el pago de 256 millones de pesos por concepto de IRPF no retenido a los inversores, lo que equivale a unos 6,4 millones de dólares. Dado su carácter de acreedor privilegiado, la DGI cobrará antes que los miles de particulares que confiaron en el modelo de negocio ofrecido por Conexión Ganadera.
El contador designado para la gestión del concurso reiteró en su informe la naturaleza piramidal del esquema, en el que los pagos a los inversores dependían del ingreso de nuevos fondos, más que del rendimiento genuino de la actividad ganadera. En consecuencia, la probabilidad de que los afectados recuperen parte significativa de su inversión se reduce cada vez más.
Con este nuevo balance, el proceso de liquidación continúa su curso, pero la perspectiva para los inversores es cada vez más desalentadora. Las autoridades del fideicomiso concursal siguen avanzando con la venta de activos remanentes, aunque admiten que será insuficiente para cubrir siquiera una fracción de los montos adeudados. La situación marca uno de los casos más graves de presunta estafa masiva en el sector agropecuario uruguayo en las últimas décadas.