La relación bilateral entre Brasil y Estados Unidos atraviesa su momento más tenso en años tras una serie de medidas adoptadas por el gobierno estadounidense que desencadenaron una crisis diplomática con fuerte impacto político y económico.
El detonante fue la decisión del presidente Donald Trump de imponer un arancel del 50 % a una amplia gama de productos importados desde Brasil, que comenzará a regir a partir del 6 de agosto. La medida se suma a los aranceles generales ya existentes y, según analistas, podría afectar fuertemente sectores clave de la economía brasileña como el café, la carne, el acero y las exportaciones tecnológicas.
Pero la situación se agravó aún más cuando la Casa Blanca anunció sanciones contra el juez Alexandre de Moraes, miembro del Supremo Tribunal Federal, quien lidera las investigaciones y procesos judiciales contra el expresidente Jair Bolsonaro. Las sanciones incluyen la congelación de bienes y la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos o entidades estadounidenses, bajo el amparo de la Ley Magnitsky, utilizada por Estados Unidos para castigar violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción.
Desde Washington, la administración Trump justificó las sanciones acusando a De Moraes de “abuso de poder” y de encabezar una “persecución política” contra Bolsonaro, quien mantiene una estrecha relación con sectores republicanos y reside actualmente en Florida. Además, el gobierno estadounidense afirmó que el accionar judicial brasileño representa una “amenaza inusual y extraordinaria” para su seguridad nacional.
La respuesta desde Brasil no se hizo esperar. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva calificó las medidas como una “injerencia inaceptable” en los asuntos internos del país y defendió la independencia del Poder Judicial. “La justicia no se negocia”, afirmó Lula en una declaración pública, en la que también acusó a Estados Unidos de actuar bajo presión de sectores bolsonaristas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil convocó a consultas a su embajador en Washington y anticipó que presentará una queja formal ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). Al mismo tiempo, no se descartan represalias comerciales por parte del gobierno brasileño.
En el plano económico, expertos advierten que los nuevos aranceles podrían tener un impacto directo sobre el empleo y las exportaciones, en especial en el estado de São Paulo. Algunas estimaciones indican que se podrían perder hasta 120.000 puestos de trabajo y reducirse en un 2 % el producto bruto regional.
La crisis se da en un momento de tensión regional y podría dificultar aún más las negociaciones dentro del Mercosur, así como enfriar vínculos entre Brasil y otros socios estratégicos. Pese al clima adverso, desde Itamaraty señalaron que el país mantiene abierta la posibilidad del diálogo, aunque remarcaron que no aceptarán condicionamientos políticos externos.
Mientras tanto, el conflicto suma capítulos en los ámbitos diplomático, judicial y comercial, marcando un punto crítico en la relación entre dos de las principales potencias del continente.