Un nuevo informe jurídico del Instituto Nacional de Colonización (INC) respaldó la legalidad de la polémica compra de la estancia María Dolores, una operación por más de US$ 30 millones realizada en el departamento de Florida. La sala ampliada de abogados del organismo emitió un dictamen en el que justifica la adquisición, rechaza los cuestionamientos del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) y reafirma que se actuó conforme al marco legal vigente.
La controversia se centra en la votación con la que se aprobó la operación. El TCR observó que el negocio se autorizó con solo tres votos del directorio, cuando la normativa sobre compras directas exige una mayoría especial de cuatro. Sin embargo, el informe jurídico del INC sostiene que no se trató de una compra directa, sino de una adquisición amparada en el derecho de preferencia previsto en el artículo 35 de la Ley 11.029, norma fundacional del instituto.
Según el análisis, este tipo de operaciones pueden concretarse con mayoría simple, es decir, con tres votos afirmativos del directorio, de acuerdo al artículo 146 de la misma ley. Los técnicos del INC cuestionaron además que el TCR incurrió en una interpretación “confusa y contradictoria” de la normativa vigente, al exigir una mayoría que no se aplica en estos casos.
A su vez, la Universidad CLAEH emitió un informe independiente que respalda el criterio adoptado por el INC. El profesor Juan Pablo Saavedra Methol coincidió en que el uso del derecho de preferencia exime de la necesidad de una mayoría especial. Por su parte, la Universidad de la República, a través de su Facultad de Derecho, optó por no pronunciarse, alegando que no corresponde opinar sobre procedimientos administrativos aún en trámite.
El pronunciamiento del cuerpo jurídico del INC se conoció en la misma jornada en que el Senado de la República aprobó la primera interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, por este caso. La solicitud fue impulsada por legisladores del Partido Nacional, encabezados por el senador Sebastián Da Silva, quien argumentó que se trata de la “mayor inversión del gobierno actual” y exigió transparencia en el proceso.
Desde el oficialismo, el Frente Amplio ha defendido la operación, asegurando que cumple con los objetivos estratégicos del instituto y que se ajusta plenamente a derecho. La oposición, en cambio, ha planteado dudas sobre la oportunidad, el procedimiento y el costo del negocio.
La interpelación al ministro Fratti aún no tiene fecha, pero se espera que el debate en el Parlamento profundice la discusión sobre el rol y funcionamiento del Instituto Nacional de Colonización, así como sobre las prioridades del gobierno en materia de desarrollo rural y distribución de tierras.