La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) fue condenada a pagar casi 1,2 millones de dólares como resultado de 24 juicios por mala praxis médica registrados entre 2015 y mediados de 2025. Así lo indica un informe divulgado este martes por el diario El País, tras acceder a datos oficiales proporcionados por el organismo estatal.
Durante ese período, ASSE enfrentó un total de 186 demandas judiciales por presuntos errores médicos en distintos puntos del país. Hasta el momento, 86 de esos casos han concluido en el ámbito judicial, y 24 derivaron en sentencias condenatorias, mientras que el resto fueron desestimados o archivados. Aún permanecen en trámite más de un centenar de expedientes.
En conjunto, los demandantes reclamaron más de 14,6 millones de dólares en indemnizaciones, pero la suma total que ASSE debió abonar alcanza los 1.146.610 dólares, aproximadamente un 10% del monto reclamado.
Entre los casos más notorios se encuentra el de una mujer embarazada que falleció por un shock séptico en Paysandú en 2017, hecho por el que ASSE fue condenada a pagar más de 261.000 dólares. También figura una sentencia por 140.000 dólares a familiares de una mujer de 63 años que murió en Bella Unión tras recibir un medicamento al que era alérgica, pese a que esa condición figuraba en su historia clínica. Otro episodio grave ocurrió en 2014, cuando una beba de siete meses falleció en el Hospital de Las Piedras por una neumonía no diagnosticada.
Asimismo, en febrero de 2020, la Justicia condenó a ASSE a indemnizar con 115.000 dólares a la familia de una niña de Salto que en 2009 sufrió la amputación de miembros como consecuencia de una peritonitis no detectada a tiempo. El fallo determinó que existió un apartamiento del deber médico de actuar con la diligencia exigida.
ASSE, por su parte, reconoció que no cuenta con un registro detallado de las denuncias por centro asistencial, aunque sí lleva un seguimiento agregado de los litigios judiciales. El organismo aclaró además que muchas de las condenas corresponden a hechos ocurridos en años anteriores y que representan una proporción limitada respecto al volumen total de atenciones médicas que brinda.
La cantidad de demandas judiciales y las indemnizaciones abonadas reflejan un aspecto sensible del sistema público de salud, que enfrenta el desafío de fortalecer los controles de calidad, la formación profesional y los mecanismos de respuesta ante posibles errores médicos. Mientras tanto, la mayoría de los casos continúa en trámite y podría derivar en nuevas condenas en los próximos años.