Trabajadores paralizan actividades en todo el país en rechazo al cierre de la planta de Lactalis en Cardona; advierten posibles faltantes de productos frescos.
Este jueves 7 de agosto se desarrolla un paro de 24 horas en toda la industria láctea uruguaya, convocado por la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) en protesta por el cierre definitivo de la planta de Lactalis-Parmalat en Cardona, Soriano. A la medida se sumó también el sindicato de Conaprole, lo que genera impactos directos en la producción y distribución de productos.
El conflicto se origina tras la decisión de Lactalis de no reabrir su planta en Cardona, lo que fue interpretado por el sindicato como un incumplimiento de los compromisos asumidos en instancias de negociación colectiva. Como parte del plan de lucha, la FTIL resolvió además impedir la recepción de leche de Lactalis en otras plantas del país.
Desde la Asociación de Supermercados del Uruguay, se advirtió que la paralización ya afecta la cadena de distribución y podría derivar en faltantes de productos lácteos frescos, especialmente leche fluida, debido a su corta vida útil. Comercios minoristas también alertaron por la posible disminución en la variedad de productos en góndola durante los próximos días.
La situación se suma al malestar existente por el anuncio del cierre de la Planta 14 de Conaprole en Rivera, lo que ha motivado una caravana de movilización desde Montevideo hacia el norte del país en apoyo a los trabajadores afectados.
La medida cuenta con el respaldo de la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI), que calificó el accionar empresarial como un “grave precedente” para el conjunto del sector productivo. Por su parte, desde el Instituto Nacional de la Leche (INALE) se confirmó que la decisión de Lactalis fue conocida por la vía de la prensa, aunque se manejaba desde hace tiempo la intención de centralizar operaciones en la planta de Juan Lacaze.
En paralelo, se estudia en el Parlamento un proyecto de ley para indemnizar a productores remitentes de la cooperativa Calcar, que dejó de operar el año pasado con deudas impagas. La iniciativa prevé un fondo de 1,3 millones de dólares para unos 80 productores, aunque aún restan definiciones sobre su implementación.
La conflictividad en el sector lácteo genera incertidumbre tanto en el ámbito sindical como entre los consumidores, en un contexto donde el abastecimiento de productos básicos podría verse resentido si no se alcanza una solución a corto plazo.