La decisión judicial que autorizó a Daniela Cabral, viuda del fallecido fundador de Conexión Ganadera, Gustavo Basso, a cumplir prisión domiciliaria en un apartamento frente a la rambla de Punta del Este generó fuerte malestar entre los cientos de damnificados por el caso. Cabral está imputada por un delito continuado de estafa, en el marco de la investigación que también involucra a Pablo Carrasco, socio de Basso, y a su esposa, Ana Iewdiukow.
El abogado de los inversionistas afectados, Leonardo Costa, calificó la medida como una “falta de sensibilidad” hacia quienes perdieron todos sus ahorros, ingresos jubilatorios o recursos destinados a su salud, a raíz del colapso de la operadora pecuaria. Desde abril, varios grupos de damnificados han protagonizado manifestaciones frente a las residencias de Cabral en Montevideo, reclamando que no se deje impune el caso.
En paralelo, la Justicia dispuso embargos por unos 16 millones de dólares sobre bienes de los imputados, que incluyen propiedades, vehículos de alta gama y participaciones en empresas, con el objetivo de asegurar fondos para eventuales devoluciones a los acreedores. No obstante, los afectados advierten que la magnitud del perjuicio económico, estimado en más de 300 millones de dólares, hace improbable una recuperación significativa del capital.
El vocero de los damnificados, Matías Corts, sostuvo que Cabral “no podía desconocer” el funcionamiento del esquema fraudulento y aseguró estar convencido de su implicancia en el delito de lavado de activos. La prisión domiciliaria en un inmueble de alto valor, en uno de los puntos más exclusivos del país, ha profundizado la sensación de injusticia entre quienes reclaman respuestas judiciales y reparación económica.
El caso Conexión Ganadera, que involucra a miles de inversores afectados y un entramado de empresas concursadas, continúa avanzando en el plano judicial con medidas cautelares, embargos y el reciente decreto de concurso sobre la herencia de Basso, en un intento de poner a disposición de los acreedores los bienes personales de los responsables.