El gobierno argentino presentó una denuncia penal contra el canal de streaming uruguayo Dopamina, en particular contra el programa Campaña del Miedo, conducido por Marcos Casas y Fernanda Kosak, tras la difusión de audios atribuidos a Karina Milei. La acción judicial, que acusa presuntas prácticas de “espionaje ilegal”, abre ahora un proceso de cooperación penal internacional en territorio uruguayo.
De acuerdo al procedimiento vigente, la denuncia debe ser remitida formalmente a través de los canales oficiales entre Estados. Una vez ingresada en Uruguay, corresponde a la Fiscalía General de la Nación analizar si existen elementos para abrir una investigación local. El Ministerio Público es titular de la acción penal y, por lo tanto, tiene la potestad exclusiva de iniciar indagatorias, reunir pruebas y citar a los eventuales responsables.
En paralelo, pueden activarse mecanismos de asistencia judicial internacional, como exhortos o solicitudes de cooperación para el intercambio de pruebas y testimonios. En caso de que la justicia argentina pidiera la extradición de alguna persona implicada, el trámite se realizaría bajo el marco del Tratado de Extradición vigente entre ambos países, lo que implicaría la intervención de la Suprema Corte de Justicia uruguaya y el pleno ejercicio de la defensa para el requerido.
Desde el punto de vista jurídico, Uruguay se rige por tratados multilaterales y bilaterales que regulan este tipo de situaciones, garantizando tanto la colaboración con los países solicitantes como la protección de las garantías constitucionales. La investigación dependerá, en primera instancia, de la valoración que realice la Fiscalía uruguaya sobre los méritos de la denuncia presentada por Argentina.
De esta manera, el caso del streaming Dopamina no solo genera repercusión política y mediática, sino que también pone en marcha un proceso judicial con impacto en la relación bilateral, que deberá dirimirse en el marco de los compromisos internacionales y la normativa penal uruguaya.