Graves vulneraciones a derechos de niños y adolescentes en centros del INAU

Un informe presentado este jueves en el Parlamento por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) junto a UNICEF, encendió las alarmas sobre la situación que atraviesan niños y adolescentes en centros de protección especial del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

Hallazgos del monitoreo

El estudio, titulado “Panorama de las infancias y adolescencias en mirada regional. Niñas, niños y adolescentes en el sistema de protección”, fue elaborado por el Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) y relevó entre 2023 y 2025 el 70% de los centros a nivel país.

El documento constató una serie de “nudos críticos” en el sistema, donde se advierten:

Presencia de bandas criminales que ejercen influencia sobre jóvenes internados.

Casos de explotación sexual y malos tratos.

Niños y adolescentes durmiendo en colchones en el piso por falta de infraestructura.

Demoras de meses para acceder a consultas médicas y atención especializada.

Separación de hermanos, aun cuando deberían mantenerse vínculos familiares.

Centenares de intentos de suicidio registrados en los últimos años.

Falta de garantías de protección

El informe concluye que en la última década no se han brindado las debidas garantías de protección a los adolescentes y niños que residen en estos centros. En palabras de los organismos, el sistema no ha logrado asegurar condiciones mínimas que resguarden derechos fundamentales, pese a las normas nacionales e internacionales que amparan a la niñez.

Reacciones y próximos pasos

La presentación del documento en el Parlamento busca poner en agenda la urgencia de revisar las políticas públicas aplicadas en materia de protección. Tanto la Inddhh como UNICEF remarcaron la necesidad de un abordaje integral que garantice el bienestar físico y emocional de los menores, además de reforzar la formación y supervisión del personal a cargo.

La denuncia de estas condiciones reaviva el debate sobre el rol del Estado y la capacidad institucional para dar respuestas efectivas a una población que se encuentra en situación de extrema vulnerabilidad.

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