La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) concluyó que en el caso del suicidio de Milagros Chamorro, ocurrido el 25 de octubre de 2024 en la emergencia del Casmu, existieron “omisiones e incumplimientos” tanto por parte de la mutualista como del Ministerio de Salud Pública (MSP).
El informe del organismo señala que el caso “evidencia debilidades estructurales del sistema de salud” uruguayo para brindar una respuesta oportuna y adecuada a personas con sufrimiento psíquico o riesgo vital, y advierte sobre la falta de protocolos efectivos de prevención del suicidio en el ámbito asistencial.
Falencias en la atención y supervisión institucional
De acuerdo con el documento, la INDDHH identificó deficiencias en la atención médica brindada por el Casmu a la joven, que se quitó la vida mientras permanecía internada en la emergencia del centro de salud.
El organismo sostiene que hubo fallas en la evaluación del riesgo, falta de seguimiento clínico adecuado y omisiones en la aplicación de medidas de protección que podrían haber evitado el desenlace.
Asimismo, la institución concluyó que el MSP, en su rol de fiscalizador, incumplió su deber de supervisar y garantizar el cumplimiento de los protocolos de atención en salud mental, señalando la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y auditoría en los prestadores de salud.
Antecedentes del caso
Milagros Chamorro había denunciado en 2022 haber sido víctima de violencia sexual durante su adolescencia, hecho que derivó en un proceso de atención en salud mental con antecedentes de intentos de autoeliminación.
Según la investigación, pese a su historial clínico y el riesgo evidente, no se activaron las medidas de contención adecuadas durante su última internación, lo que la INDDHH considera una vulneración grave a su derecho a la salud y a la vida.
Recomendaciones y advertencia estructural
El organismo exhortó al Casmu y al MSP a adoptar medidas correctivas inmediatas, entre ellas: reforzar los equipos interdisciplinarios de salud mental, capacitar al personal en detección de riesgo suicida, y revisar los protocolos de atención en emergencias psiquiátricas.
En su conclusión, la INDDHH subraya que este caso “pone de manifiesto fallas sistémicas en la respuesta sanitaria ante situaciones de crisis emocional”, e insta a las autoridades a implementar una política pública de prevención integral del suicidio, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
El informe será remitido al Parlamento y al Ministerio de Salud Pública, a fin de promover un seguimiento institucional que evite la repetición de situaciones similares en el futuro.
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Uruguay conmocionado por una ola de tragedias familiares y fallas institucionales en casos de violencia y salud mental
Cuatro recientes episodios estremecen al país y reavivan el debate sobre la violencia intrafamiliar, las fallas del sistema de salud mental y la respuesta estatal ante señales de riesgo vital.
Los casos de Milagros Chamorro, el filicidio de Maldonado (caso Luna), el doble crimen y suicidio del hombre que raptó a sus hijos, y el suicidio de una funcionaria policial junto a su bebé, revelan una cadena de tragedias que, según especialistas, comparten un patrón de omisiones institucionales y falta de contención temprana.
El caso Milagros Chamorro: omisiones en el sistema de salud
La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) concluyó que en el suicidio de Milagros Chamorro, ocurrido el 25 de octubre de 2024 en la emergencia del Casmu, existieron “omisiones e incumplimientos” tanto de la mutualista como del Ministerio de Salud Pública (MSP).
Chamorro, que había denunciado una agresión sexual sufrida en su adolescencia y padecía episodios de intentos de autoeliminación, se quitó la vida dentro del centro asistencial.
El informe de la INDDHH señala que hubo fallas graves en la evaluación del riesgo, ausencia de medidas de protección y deficiencias en el seguimiento clínico, y advierte sobre “debilidades estructurales en el sistema de salud para prevenir muertes evitables”.
El organismo recomendó al Casmu y al MSP revisar los protocolos de atención en salud mental y fortalecer la formación del personal sanitario para actuar ante pacientes en situación de crisis.
Caso Luna: un filicidio que pudo evitarse
El segundo caso que conmocionó a la sociedad es el de Luna, la niña de trece años asesinada por su padre, un militar retirado con antecedentes de violencia doméstica y denuncias previas.
El hombre mató a su hija y luego se suicidó en una vivienda alquilada en Maldonado. Días después, la Policía encontró la caja del arma homicida y 40 municiones, prueba de una planificación premeditada.
El crimen reabrió el debate sobre el control de armas de fuego en manos de personas denunciadas por violencia de género, así como sobre las fallas judiciales en el seguimiento de las medidas cautelares.
Diversas organizaciones feministas reclamaron una revisión urgente de los protocolos de protección y una mayor coordinación entre la Justicia, el Ministerio del Interior y el sistema de salud para detectar comportamientos de riesgo.
El caso del hombre que raptó y asesinó a sus hijos
Otro hecho de extrema gravedad fue el ocurrido en septiembre de 2025, cuando un hombre violó una orden de restricción para acercarse a su ex pareja, raptó a sus dos hijos y los mató antes de suicidarse en un arroyo del interior del país.
Según reveló Infobae, el asesino había enviado audios de WhatsApp diciendo: “No me puedo ir del mundo sin ellos”, y reconocía haber intentado suicidarse varias veces.
Una jueza fue posteriormente sumariada por su actuación en el caso, tras constatarse fallas en la implementación de medidas de protección hacia la madre y los menores.
Este episodio puso nuevamente sobre la mesa las limitaciones del sistema judicial y la falta de seguimiento efectivo en los casos de violencia familiar con riesgo de vida.
Suicidio de una funcionaria policial y su bebé: el impacto del estrés laboral
El cuarto caso se registró en agosto, cuando una mujer de 28 años, funcionaria policial, se arrojó desde el balcón de un edificio con su hija de dos meses en brazos, provocando la muerte de ambas.
El hecho, ocurrido en Montevideo, volvió a evidenciar la vulnerabilidad emocional y el agotamiento psíquico de algunos funcionarios policiales, un colectivo con alta exposición a situaciones de violencia, estrés y presión laboral.
Especialistas en salud mental advirtieron sobre la necesidad de programas específicos de apoyo psicológico y prevención del suicidio dentro de las fuerzas de seguridad, donde se han registrado múltiples casos de autoeliminación en los últimos años.
Una misma raíz: fallas en la detección del riesgo y en la respuesta institucional
Aunque diferentes en sus contextos, los cuatro casos comparten un denominador común: la ausencia de respuestas oportunas ante señales de riesgo vital.
Los informes judiciales, médicos y de derechos humanos coinciden en que Uruguay enfrenta una crisis silenciosa en materia de salud mental y violencia intrafamiliar, que requiere acciones urgentes, interinstitucionales y sostenidas.
La INDDHH y organizaciones sociales reclaman una política nacional de prevención del suicidio y de violencia familiar, con enfoque de género y derechos humanos, que articule los esfuerzos del MSP, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior y los servicios sociales.
Mientras tanto, el país continúa sumando tragedias que podrían haberse evitado, en un escenario que deja una pregunta abierta y urgente:
¿cuántas señales más deben ignorarse antes de que el sistema reaccione?