En Uruguay, casi un tercio de los niños menores de seis años vive en situación de pobreza, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra —32,3% en 2024— fue el punto de partida de la mesa redonda “Hacia un Uruguay sin pobreza infantil”, organizada por la Academia Nacional de Economía (Acadeco), donde economistas de cuatro universidades coincidieron en que el país enfrenta una urgencia impostergable y que el fenómeno “ya está sobrediagnosticado”.
Cuatro miradas sobre una misma urgencia
El encuentro reunió a los economistas Ana Inés Balsa (Universidad de Montevideo, UM), Matías Brum (Universidad ORT), Mauricio De Rosa (Universidad de la República, UdelaR) y Germán Deagosto (Universidad Católica, UCU), quienes analizaron las causas estructurales de la pobreza infantil y las políticas que podrían revertirla.
Los especialistas coincidieron en que Uruguay, pese a su nivel de ingreso medio y sus avances institucionales, no logra garantizar igualdad de oportunidades en la primera infancia, un problema que compromete el desarrollo futuro y amplía las brechas sociales.
“Estamos ante una deuda histórica del país. Los niños son el grupo etario más pobre y, sin una acción decidida, seguiremos perpetuando un círculo de desigualdad”, afirmó De Rosa, subrayando la necesidad de intervenciones sostenidas en el tiempo.
El presupuesto nacional y la prioridad de la infancia
El proyecto de ley de Presupuesto 2025-2029 actualmente en estudio en el Parlamento destina el 40% de las asignaciones incrementales a la infancia, lo que refleja un cambio de enfoque en la política social del gobierno.
Según explicó Brum, el texto incorpora aumentos significativos en programas sociales y educativos, entre ellos:
Clubes de niños: incremento del 154%
Centros juveniles: aumento del 240%
Apoyos a educación media: suba del 130%
Becas para educación media: incremento del 270%
Bonos de apoyo escolar: aumento del 78%
Programas de precariedad habitacional: duplicación del presupuesto (100%)
Nuevas partidas: alimentación para educación media ($590 millones mensuales) y visitas domiciliarias a recién nacidos ($50 millones anuales).
“Los recursos son limitados, pero pienso que el 40% de la distribución del gasto está en la dirección correcta”, señaló Brum, destacando que el Presupuesto refleja una apuesta concreta por la equidad infantil.
Diagnóstico compartido y desafíos pendientes
Para Ana Inés Balsa, el debate debe superar la etapa del diagnóstico y centrarse en la efectividad de las políticas públicas. “Ya sabemos quiénes son los niños más vulnerables; ahora debemos llegar con programas integrales, tempranos y sostenibles”, afirmó.
En la misma línea, Deagosto sostuvo que “la pobreza infantil no se resuelve solo con transferencias monetarias, sino con una red articulada que incluya salud, vivienda, educación y acompañamiento familiar”.
Los economistas coincidieron en que la reducción sostenida de la pobreza infantil requerirá voluntad política, coordinación interinstitucional y evaluación constante de resultados, para evitar que los esfuerzos se diluyan con los cambios de gobierno.
Una deuda moral y estratégica
La mesa redonda cerró con una reflexión unánime: la pobreza infantil es la gran deuda del Uruguay moderno. Más allá de los avances presupuestales, los expertos remarcaron que la inversión en la primera infancia no es solo una cuestión moral, sino también una estrategia económica clave para el desarrollo futuro del país.
“El costo de no actuar hoy será mucho más alto mañana”, resumió Balsa, dejando en claro que el desafío no es solo de gestión, sino de compromiso nacional.