El Senado de la República comenzó este miércoles la votación del proyecto de ley que regula la eutanasia o “muerte digna”, una iniciativa que cuenta con apoyo multipartidario y que, de aprobarse como se prevé, convertirá a Uruguay en el tercer país de América Latina y el undécimo del mundo en legalizar la eutanasia activa.
La redacción final, aprobada en la Cámara de Representantes hace dos meses por 64 votos en 93, fue impulsada conjuntamente por sectores del Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado, reflejando un consenso transversal en torno a un tema de alta sensibilidad ética y social.
Amplio respaldo y un debate histórico
El texto, que regula la posibilidad de que un médico induzca la muerte de un paciente en situación de sufrimiento irreversible o enfermedad terminal, es considerado por legisladores y especialistas como un avance en materia de derechos humanos y libertad individual.
La bancada del Frente Amplio anunció su voto unánime a favor, a lo que se sumaron la senadora nacionalista Graciela Bianchi, el senador colorado Andrés Ojeda y un exdiputado de ese mismo partido, configurando así la mayoría necesaria para su aprobación definitiva.
Durante la discusión parlamentaria se destacó el tono de respeto y reflexión con que se abordó el tema, recordándose además el trabajo de legisladores que impulsaron versiones anteriores del proyecto, como el diputado colorado Ope Pasquet.
Uruguay, pionero en la región
De concretarse la sanción definitiva en el Senado, Uruguay se transformará en el primer país del Cono Sur en legalizar la eutanasia activa, sumándose a Colombia y Ecuador en el contexto latinoamericano. A nivel mundial, se unirá a naciones como España, Bélgica, Países Bajos y Canadá, que ya cuentan con marcos legales similares.
El proyecto establece estrictos criterios médicos, voluntarios y éticos para autorizar el procedimiento, garantizando que solo pueda realizarse en casos comprobados de sufrimiento extremo y con consentimiento pleno del paciente.
Con esta decisión, Uruguay ratifica su tradición de pionerismo en derechos civiles y bioéticos, abriendo una nueva etapa en la discusión sobre el final de la vida y la dignidad humana.

