La Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE) firmó un nuevo convenio con el Fondo de Solidaridad con el objetivo de extender el acceso a la Tarifa de Consumo Básico (TCB), su plan más económico, a un nuevo grupo de beneficiarios. Esta medida, que ya alcanzó a unos 30.000 jubilados desde agosto, beneficiará ahora a cerca de 10.000 estudiantes de la Universidad de la República (UdelaR), la Universidad Tecnológica (UTEC) y la UTU que reciben becas del Fondo.
Una política social con alcance energético
La Tarifa de Consumo Básico fue creada en febrero de 2010 y se mantuvo únicamente para quienes la habían contratado antes del 1° de enero de 2022. Sin embargo, a partir de este año, UTE decidió reactivar este beneficio para determinados colectivos en situación de vulnerabilidad.
En una primera etapa, la medida se dirigió a jubilados de menores ingresos que cuentan con una sola prestación como sustento. El convenio ahora firmado con el Fondo de Solidaridad permitirá incorporar a jóvenes que cursan estudios terciarios y que dependen de becas para sostener su formación académica.
Intercambio de datos y cronograma de aplicación
Según informaron fuentes de UTE a El País, la empresa estatal se encuentra intercambiando información con el Banco de Previsión Social (BPS) y con el Fondo de Solidaridad para determinar el listado de beneficiarios que cumplen los requisitos. Los jubilados comenzarán a acceder efectivamente al descuento desde noviembre, mientras que los estudiantes becados podrán hacerlo a partir del próximo año.
Condiciones de la tarifa
La Tarifa de Consumo Básico está destinada a servicios monofásicos de uso residencial, con una potencia contratada igual o menor a 3,7 kW y aplicable solo a titulares de un único suministro. Para mantener el beneficio, el consumo mensual no podrá superar los 230 kWh más de dos veces en un período de 12 meses; si eso ocurre, el servicio pasa automáticamente a la Tarifa Residencial Simple.
Un alivio en tiempos de costos crecientes
Con esta medida, UTE busca aliviar los gastos energéticos de los sectores más sensibles y promover un uso eficiente de la energía. Desde la empresa pública se subraya que la iniciativa se enmarca en su política de inclusión y sostenibilidad social, ofreciendo un apoyo directo tanto a adultos mayores con bajos ingresos como a jóvenes en formación, dos grupos clave en la estrategia de equidad energética del país.