La sede administrativa del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), ubicada en la calle Cerro Largo entre Andes y Florida, volvió a ser escenario de un atentado en la madrugada de este domingo, cuando dos delincuentes a bordo de una moto dispararon contra el edificio y dejaron una carta con amenazas directas.
El ataque ocurrió pasadas las 02:00. Según información policial primaria, uno de los agresores descendió del vehículo, efectuó varios disparos y luego arrojó una piedra envuelta en una nota que, tras romper un vidrio, quedó en el interior. El mensaje rezaba: “Ojo por ojo. La próxima va pa tu auto con tu familia adentro”.
El Ministerio del Interior informó que no hubo personas lesionadas y señaló que ya fueron dispuestas “las medidas de seguridad correspondientes”, aunque por motivos estratégicos no se detallaron.
Investigación en curso: represalias y operaciones cruzadas
El caso está siendo trabajado por la Dirección de Investigaciones, a través de Información e Inteligencia, con apoyo de diferentes unidades.
A pocas horas del ataque, los investigadores manejan dos hipótesis principales:
1) Represalia por traslados de líderes criminales
La hipótesis que cobra mayor fuerza es que se trate de una reacción a recientes traslados de presos, especialmente líderes de organizaciones criminales recluidos en la cárcel de Santiago Vázquez (exComcar).
Según fuentes del Ministerio del Interior citadas por El País, estos movimientos se realizaron tras detectar que algunos cabecillas continuaban comunicándose con sus redes del exterior para dirigir actividades ilícitas desde prisión. El reacomodo interno habría despertado tensiones y motivado el ataque.
2) Maniobras entre bandas para incriminar a rivales
La segunda línea de investigación apunta a estrategias utilizadas por grupos criminales que realizan atentados intentando que sean adjudicados a bandas competidoras. De esta forma, buscan desviar la atención policial hacia sus enemigos y generar mayor presión sobre ellos.
Los informantes no descartan que detrás del atentado existan órdenes impartidas desde centros penitenciarios.
Las autoridades aclararon que, en principio, este episodio no coincide con el atentado reciente contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, aunque se investiga si eventualmente pudiera tratarse del mismo grupo operativo.
Antecedentes: un blanco que ya ha sido atacado
El atentado de este domingo no es un hecho aislado. El 4 de diciembre del año pasado, la misma sede del INR fue atacada de manera similar. En aquella ocasión también se disparó contra la fachada y se dejó una carta dirigida al entonces director, Luis Mendoza, que decía: “Mendoza, los presos se respetan”.
La investigación determinó que aquel ataque fue consecuencia directa del traslado de Luis Fernández Albín, líder de un clan criminal con base en Cerro Norte, a una unidad de máxima seguridad. Tras cumplir condena, la Policía allanó su vivienda en el barrio privado Colinas de Carrasco, donde se encontró un arma. Fernández Albín admitió responsabilidad en el ataque y fue condenado.
El apellido volvió a resonar recientemente tras el atentado contra la vivienda de la fiscal Mónica Ferrero, donde se disparó contra su casa y se lanzó una granada. Por ese hecho hay siete personas imputadas. Si bien algunos presentan vínculos con el clan Fernández Albín, la Justicia no logró establecer una conexión directa con los hermanos.
Durante un evento del Mercosur, la fiscal Angelita Romano aludió al caso y afirmó: “Sabemos que las personas que ordenaron y que idearon estas cosas no están en Uruguay”.
Un escenario de creciente tensión criminal
El nuevo atentado contra el INR se suma a una serie de episodios violentos contra autoridades y organismos vinculados al sistema penitenciario y la Justicia, en un contexto en el que las bandas criminales buscan ampliar su capacidad de presión, incluso desde el interior de las cárceles.
La Policía continúa trabajando para identificar a los autores materiales y a quienes ordenaron el ataque, mientras el Ministerio del Interior mantiene reserva sobre las medidas de seguridad adoptadas ante la amenaza explícita de futuras acciones.