El manejo de las cuotas sindicales en el sector público volvió al centro del debate político tras conocerse que, solo en mayo, distintos ministerios, entes autónomos y servicios descentralizados giraron $ 41.619.598 —equivalentes a poco más de US$ 1.000.000— a organizaciones sindicales por concepto de retención de cuota a los trabajadores afiliados. Los datos surgen de respuestas a pedidos de informes realizados por el diputado colorado Gabriel Gurméndez, impulsor de un proyecto de ley de transparencia sindical.
El legislador busca dimensionar el flujo económico que manejan los sindicatos a través de las retenciones automáticas efectuadas en el Estado. En diálogo con El País, dijo que la intención es exponer la “magnitud económica del manejo de la cuota sindical” y la necesidad de “avanzar en medidas de control”, especialmente luego de casos recientes como la expulsión del histórico dirigente de la FUS Jorge Bermúdez y el desvío de fondos del Fosvoc, episodio que dejó cuatro condenados y mantiene una investigación en Fiscalía.
Cifras reveladas: ANEP, ASSE y Udelar entre los mayores aportantes
Desde la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) —sumando Primaria, Secundaria, UTU y Formación en Educación— se enviaron $ 12.908.802 (unos US$ 309.697) a sindicatos a través de las retenciones efectuadas a 24.022 funcionarios.
En el caso de ASSE, la Federación de Funcionarios de Salud Pública recibió $ 8.156.650 (US$ 195.688) correspondientes a 9.963 afiliados, constituyéndose en uno de los montos más altos del relevamiento. El Ministerio de Salud Pública, por su parte, transfirió a la misma federación $ 65.567 (US$ 1.573) por 74 afiliados.
La Universidad de la República (Udelar) registró retenciones por $ 5.080.078 (US$ 121.877) entre sus 12.809 trabajadores sindicalizados. Los tres sindicatos con mayores ingresos fueron:
Agremiación Federal de Funcionarios: $ 1.309.908 (US$ 31.426) – 2.756 afiliados
Asociación de Docentes de la Udelar (ADUR): $ 911.444 (US$ 21.867) – 3.957 afiliados
Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas: $ 908.488 (US$ 21.796) – 2.142 afiliados
En el INAU, el sindicato obtuvo $ 3.779.092 (US$ 90.665) por 3.126 afiliados, mientras que desde Antel, el sindicato Sutel recibió $ 3.016.986 (US$ 72.381) por 3.018 trabajadores.
La Suprema Corte de Justicia informó giros por $ 2.853.381 (US$ 68.456) a sindicatos judiciales, con dos organizaciones destacadas:
Asociación de Funcionarios Judiciales: $ 1.730.840 (US$ 41.525)
Asociación de Magistrados: $ 651.046 (US$ 15.619)
La Federación de Funcionarios de OSE recibió $ 1.283.076 (US$ 30.782) por 2.142 afiliados.
El Banco Central del Uruguay transfirió $ 830.024 (US$ 19.913) por 273 funcionarios.
El Banco de Previsión Social (BPS) derivó $ 641.931 (US$ 15.401) por 1.776 trabajadores.
La Dirección General Impositiva (DGI) aportó $ 636.038 (US$ 15.259) por 898 afiliados.
Pagos a cuentas personales y falta de respuesta de algunos organismos
Uno de los puntos que más preocupa al diputado es que, según la documentación recibida, en “muchos casos” el dinero era enviado a cuentas bancarias de personas físicas y no de organizaciones jurídicas, una práctica que considera riesgosa y que, a su juicio, debe corregirse con urgencia.
Gurméndez señaló que no obtuvo respuesta del Ministerio del Interior, ANCAP ni UTE, tres actores centrales en el sistema público. Además, el BROU y el Banco de Seguros del Estado se ampararon en la Ley de Protección de Datos Personales para no brindar información, algo que el legislador entiende que “no corresponde”, por lo que insistirá desde el Parlamento.
Un debate que vuelve al Parlamento
El colorado prepara nuevas acciones para que se discuta en profundidad la transparencia del manejo de las cuotas sindicales, en un contexto marcado por recientes escándalos y crecientes cuestionamientos públicos. Según afirmó, los datos recibidos representan solo el 58% del total de los funcionarios públicos, por lo que el volumen económico real podría ser aún mayor.
Mientras tanto, el tema promete instalarse nuevamente en la agenda política, con reclamos por un sistema más claro, trazable y con controles institucionales que eviten desvíos o manejos irregulares.