Uruguay proyecta recaudar unos 600 millones de dólares anuales mediante la aplicación de tres nuevos tributos incluidos en el presupuesto quinquenal que el Parlamento deberá votar en los próximos días. Así lo confirmó el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, durante su exposición en el encuentro Tribunas EFE – Casa América, en Madrid.
El titular de Economía explicó que estas medidas responden al “deterioro fiscal” registrado en el último año, una situación —dijo— no prevista por el Gobierno ni en la etapa preelectoral ni en los primeros meses de gestión. Los cambios buscan mantener el gasto público estable en términos de producto y, al mismo tiempo, reforzar los ingresos.
Los tres gravámenes son:
El impuesto mínimo global para corporaciones transnacionales con facturación superior a 750 millones de dólares.
El denominado impuesto “Temu”, aplicado a las importaciones de bienes por debajo de los 600 dólares.
El impuesto a los incrementos patrimoniales.
Oddone remarcó que estos tributos dialogan con estándares internacionales y con fenómenos de consumo que crecieron en Uruguay, especialmente en compras al exterior mediante plataformas digitales.
En paralelo a la presentación del presupuesto, la delegación uruguaya desarrolla una agenda de contactos en España con autoridades gubernamentales y el sector privado. España es actualmente el principal inversor en Uruguay, con especial presencia en los sectores financiero y de la construcción. Además, el Gobierno busca atraer inversiones energéticas y tecnológicas, particularmente para el desarrollo de data centers, un rubro en el que ya se encuentra instalado Google y en el que existen intereses manifestados por otras empresas europeas.
Consultado sobre el conflicto con el astillero gallego Cardama, encargado de construir dos buques para la Armada Nacional, Oddone informó que el Ejecutivo abrió una investigación administrativa sobre el contrato y está revisando la normativa aplicable. Señaló que el país evalúa si el proceso puede cumplirse dentro de los plazos establecidos y cuáles son las alternativas para resolver la controversia.
En materia macroeconómica, el ministro recordó que la economía uruguaya crece actualmente a un ritmo de 2,1%, y que la previsión del Gobierno es acelerar ese nivel hasta alcanzar una expansión promedio de 2,6% en los próximos cinco años, pese al contexto internacional y regional. En cuanto a precios, reiteró la meta de inflación de 4,5% para el próximo lustro, que debería descender a 4% en 2030, y sostuvo que el Banco Central continuará trabajando para reducirla mediante la política monetaria.
Oddone también hizo referencia al proceso de desdolarización. Indicó que Uruguay necesita que la política monetaria incida más directamente en las tasas a las que se endeudan familias y empresas, y que para ello es necesario avanzar hacia un uso más extendido del peso uruguayo. Señaló que el sistema financiero debe volverse “más eficiente y más barato”, ya que el costo de intermediación sigue siendo elevado.
El Banco Central ha impulsado medidas en este sentido, como mayores requerimientos de capital para préstamos en dólares a sectores no transables y la eliminación de incentivos fiscales para inversiones en el exterior, con el objetivo de fortalecer la fijación de precios en moneda nacional.
Con la discusión presupuestal en agenda y nuevos tributos sobre la mesa, el Gobierno busca equilibrar las cuentas públicas y consolidar un rumbo fiscal que acompañe la evolución económica prevista para los próximos años.