Búsqueda de petróleo en costas uruguayas genera reclamos, reuniones y un inminente litigio judicial

La exploración petrolera en aguas profundas del mar uruguayo volvió al centro del debate público, impulsando reclamos de organizaciones socioambientales, movimientos ciudadanos y referentes del territorio, que exigen al gobierno de Yamandú Orsi garantías de protección del ecosistema marino y mayor transparencia en los procesos de evaluación ambiental.

En las últimas semanas el tema cobró fuerza tras el anuncio de la petrolera argentina YPF, que confirmó una alianza estratégica con la Corporación Nacional de Hidrocarburos italiana (ENI) para explorar un bloque de 17.000 km², a 200 metros de la costa. La noticia aceleró la reacción de colectivos ambientales, que entienden que la actividad podría generar impactos irreversibles sobre la biodiversidad marina.

Medida cautelar y reclamos ante la Justicia

La Asamblea por un Mar Libre de Petroleras y la organización SOCOBIOMA presentaron ante el Poder Judicial una medida cautelar de no innovar, solicitando que el Ministerio de Ambiente no apruebe los estudios de impacto ambiental que habilitarían el inicio de la prospección sísmica. Ambas organizaciones consideran que el proyecto implica riesgos severos para el entorno marino.

“No hay nada que la población pueda decirle a las autoridades para convencerlas (…) las autoridades saben que estos contratos comprometen el agua y el aire. Le pedimos a la justicia que no avance este proyecto hasta que puedan garantizar que no van a arruinar un ecosistema único, lo que es imposible”, afirmó a El País Juliana Orihuela, integrante de la Asamblea.

Los colectivos están recolectando firmas en distintos departamentos para frenar la autorización del proyecto y fortalecer la información pública vinculada al tema. En ese marco, el 3 de diciembre mantendrán una reunión con la Comisión de Ambiente de la Junta Departamental de Maldonado.

Paralelamente, la organización Amigos del Océano entregó en la Torre Ejecutiva unas 1.400 firmas y solicitó reuniones tanto con el presidente Orsi como con el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño.

Advertencias sobre el impacto ambiental

Las agrupaciones insisten en que la exploración sísmica —que implica el uso de explosiones submarinas para obtener imágenes del subsuelo— afectaría la fauna marina, especialmente a especies sensibles al sonido como ballenas, delfines y peces migratorios.

“No podemos abrir una nueva frontera fósil en el mar cuando las especies marinas se están muriendo por la temperatura del agua”, advirtió Orihuela, quien señaló que la situación climática global agrava la vulnerabilidad del ecosistema oceánico.

La posición del Estado y las petroleras

Actualmente, Ancap mantiene siete contratos offshore vigentes con petroleras internacionales para exploración y eventual producción de hidrocarburos, acuerdos que pueden extenderse hasta por 30 años. Estos convenios enmarcan los proyectos hoy en discusión.

Según informó El Observador, el Ministerio de Ambiente prevé autorizar las tareas sísmicas con condiciones adicionales, como ampliar la distancia de detención de maquinaria ante la presencia de fauna marina de 500 a 1.000 metros, además de delimitar nuevas áreas marinas protegidas.

Desde Ancap, el jefe de Exploración y Producción, Pablo Gristo, destacó la relevancia de la participación de ENI: “Es una de las pocas compañías del mundo especializadas en aguas profundas”.

La presidenta del ente, Cecilia San Román, reconoció los temores existentes en parte de la población, pero aseguró que el proceso se desarrolla con altos estándares técnicos: “Trabajamos seleccionando a las mejores empresas del mundo para garantizar que tienen las operaciones más seguras y respetando todas las normas ambientales”.

El País intentó obtener la versión del ministro Ortuño, aunque sin éxito hasta el momento.

Un debate que crece

Mientras el gobierno avanza hacia la autorización de la fase exploratoria y las organizaciones intensifican sus acciones judiciales y territoriales, el futuro de la explotación petrolera offshore en Uruguay se encamina a una discusión que trascenderá lo técnico para instalarse en el centro del debate ambiental, económico y político del país.

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