Un estudio académico reciente reveló que el debate sobre la reinstalación de los juicios por jurados en Uruguay vuelve a ganar espacio, aunque con posiciones claramente divididas entre los operadores del sistema de justicia. Según una encuesta incluida en la investigación, el 40% de jueces, fiscales, defensores y abogados se manifestó a favor de retomar este modelo, mientras que el 60% se mostró contrario a su implementación.
El trabajo fue desarrollado por un equipo académico multidisciplinario con base en la Facultad de Derecho, integrado por docentes de derecho penal, sociólogos, comunicadores e investigadores. Durante los últimos años, el grupo recopiló antecedentes históricos, experiencias internacionales, condiciones locales y la percepción de los operadores judiciales, con el objetivo de generar insumos para un debate público amplio que se pretende impulsar a partir del próximo año.
En ese marco, los investigadores consideran que, pese a una “cultura jurídica uruguaya” históricamente desfavorable al juicio por jurados, el nivel de apoyo detectado habilita a reabrir una discusión profunda y honesta sobre el tema. El estudio sostiene que la falta de información especializada y los sesgos instalados en torno a este sistema son factores que refuerzan la necesidad del debate.
Antecedentes históricos y marco actual
La figura del juicio por jurados tiene rango constitucional en Uruguay desde 1830. El artículo 137 de la primera Constitución establecía como prioridad de la República la instauración de este sistema en causas criminales, e incluso civiles. Sin embargo, su aplicación efectiva se concretó recién en 1889 con el Código de Instrucción Criminal.
El sistema estuvo vigente durante casi seis décadas, hasta que fue derogado en 1938 tras el denominado “Crimen de La Ternera”, un caso de alto impacto político y social que generó fuertes sospechas de corrupción sobre los jurados legos. Pese a ello, el mandato constitucional nunca fue eliminado y sigue formalmente vigente.
Los académicos entienden que la reforma del Código del Proceso Penal de 2017, que instauró un modelo acusatorio, así como la incorporación del juicio por jurados en países de la región como Argentina, generan un contexto propicio para reabrir la discusión sobre su eventual aplicación en Uruguay.
Resultados de la encuesta
El relevamiento mostró diferencias según el rol dentro del sistema judicial, aunque con tendencias similares. Entre los fiscales, el 37% se manifestó a favor y el 63% en contra. En el caso de los jueces, el 39% apoyó la reinstalación y el 61% la rechazó. Los defensores de oficio registraron cifras prácticamente idénticas, mientras que entre los abogados litigantes la opinión se dividió en partes iguales.
En el total del universo encuestado, el resultado fue de un 40% a favor y un 60% en contra. Según el abogado y docente Diego Camaño, integrante del equipo investigador, este nivel de apoyo es significativo. “Es mucho en un país que tiene este tema enterrado, que lo ve como un tabú desde el juicio de ‘La Ternera’ y que tiene tan arraigado el modelo del juez profesional”, afirmó.
El estudio también señala que no existen diferencias significativas entre Montevideo y el interior del país, ya que en ambas regiones se repiten los mismos porcentajes de adhesión y rechazo.
Modelos de jurado y posiciones encontradas
Del análisis surge que el 81% de los encuestados concibe al jurado como un grupo de ciudadanos legos que decide sobre la culpabilidad o inocencia, mientras que un 19% lo entiende como un modelo mixto o escabinado, integrado por ciudadanos y jueces profesionales.
Ante la hipótesis de una eventual implementación en Uruguay, el 43,4% preferiría un jurado clásico, mientras que el 56,6% optaría por un sistema escabinado.
Las posiciones a favor suelen estar condicionadas, en algunos casos, a reformas institucionales previas, como la creación de un Ministerio de Justicia, el fortalecimiento del proceso acusatorio o cambios en la Defensoría Pública. Quienes rechazan la propuesta cuestionan la competencia del jurado, su posible influencia externa, la falta de fundamentación del veredicto, los costos del sistema y las dificultades logísticas, además de expresar dudas sobre su legitimidad política.
Un debate abierto
La investigación refleja, además, una marcada divergencia en torno a la apertura del debate público. Mientras muchos operadores judiciales consideran necesario discutir y estudiar seriamente el juicio por jurados, otros mantienen posturas restrictivas y lo asocian a un modelo ajeno a la tradición jurídica uruguaya y a viejos episodios de corrupción.
Pese a estas resistencias, el equipo académico entiende que el tema vuelve a instalarse en la agenda, vinculado a la reforma del proceso penal, a la experiencia regional y a la discusión sobre la dimensión democrática del sistema de justicia en Uruguay.