El Poder Ejecutivo aprobó la reglamentación de la Ley 20.376, de garantías para la primera infancia, infancia y adolescencia, una norma clave que había sido aprobada el año pasado a iniciativa de la actual ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg. La reglamentación define la estructura institucional, los mecanismos de coordinación y el esquema presupuestal para la implementación de las políticas públicas dirigidas a niños, niñas, adolescentes y mujeres gestantes.
Entre los principales avances, la normativa crea el Gabinete de primera infancia, infancia y adolescencia, que tendrá a su cargo el diseño, la planificación y la definición de una estrategia nacional en la materia. El gabinete estará integrado por la Presidencia de la República y por los ministerios de Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Ministerio de Economía y Finanzas. También participarán el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, un representante de la Administración Nacional de Educación Pública, del Banco de Previsión Social, de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay y del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. La coordinación general quedará a cargo del Mides.
Asimismo, la reglamentación establece que el Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y al Adolescente funcionará como órgano asesor del gabinete, pronunciándose tanto antes como después de la aprobación de documentos estratégicos vinculados a las políticas de infancia y adolescencia.
Coordinación y control presupuestal
La norma crea además una Unidad de coordinación, monitoreo y evaluación presupuestal de las políticas de primera infancia, infancia y adolescencia. Este órgano será responsable del diseño y la planificación presupuestal, así como del seguimiento y evaluación de la ejecución de las políticas públicas. Estará integrado por representantes del MEF, del Mides y de la OPP, y tendrá también la función de proponer estándares de calidad en la atención a la infancia.
En paralelo, la reglamentación regula los mecanismos de atención transitoria ante situaciones en las que no exista cobertura suficiente. En estos casos, se prevé la intervención urgente de una comisión especial integrada por el Mides, la OPP y el MSP. Se distinguen situaciones de emergencia, cuando exista riesgo extremo para la vida del niño, niña o adolescente, y situaciones especiales, cuando haya medidas judiciales urgentes y diferencias entre organismos del Estado sobre quién debe asumir la responsabilidad de la atención.
Sistema único de información sobre mujeres gestantes
Uno de los ejes centrales de la reglamentación es la encomienda a la unidad de coordinación presupuestal para que elabore un plan de trabajo destinado a implementar un sistema único de información y seguimiento de mujeres gestantes y sus familias. Este sistema integrará las bases de datos ya existentes vinculadas a la primera infancia, la infancia y la adolescencia, y deberá ser presentado al gabinete.
El sistema unificado incorporará información del sistema informático perinatal, los certificados de nacido vivo y de defunción, el sistema de información para la infancia, así como datos del Sistema Integrado de Información del Área Social y del Instituto Nacional de Estadística.
Con esta reglamentación, el gobierno busca dar un marco operativo y coordinado a la Ley 20.376, fortaleciendo la articulación interinstitucional, el seguimiento de las políticas públicas y la protección integral de los derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres gestantes en todo el país.