La Intendencia de Cerro Largo fue condenada a indemnizar con US$ 25.350 a un hombre que adquirió una moto de alta gama que posteriormente le fue incautada por presentar irregularidades en su documentación. El vehículo había sido ingresado de forma ilegal desde Brasil y empadronado en el departamento mediante documentos apócrifos, sin que la comuna advirtiera las inconsistencias al momento de expedir los permisos correspondientes.
El damnificado compró la moto a un particular el 9 de agosto de 2021, tres años después de que el vendedor la hubiera empadronado en Cerro Largo. Con la documentación aparentemente en regla, el nuevo propietario decidió reempadronar el vehículo en Canelones, pero ocho meses después el Ministerio del Interior incautó la moto tras constatar problemas de regularidad documental. Ese mismo día, el comprador presentó la denuncia correspondiente.
Por este hecho se desarrolló una investigación penal, que culminó con la condena del vendedor por los delitos de falsificación de documento público, fraude, asociación para delinquir y estafa. Si bien la defensa del demandante sostuvo que existieron funcionarios municipales que colaboraron en la maniobra, la intendencia afirmó que no existen pruebas que acrediten esa participación.
En la demanda civil por responsabilidad extracontractual, el abogado del comprador sostuvo que su cliente confió plenamente en la documentación emitida por la Intendencia de Cerro Largo, la cual no presentaba observaciones formales. Además, señaló que no existían requisitorias, embargos ni prendas sobre el vehículo y que el escribano interviniente no incurrió en irregularidades, dado que toda la documentación cumplía con la normativa vigente.
La defensa alegó que existió omisión en los controles por parte de la administración departamental al momento del empadronamiento. En base a ello, solicitó una indemnización total de US$ 115.000, que incluía el valor del vehículo, daño moral y otros perjuicios. Según se expuso, el hombre había vendido su único bien inmueble para comprar la moto, con la intención de utilizarla en un proyecto de viaje documental audiovisual por América.
Por su parte, la intendencia sostuvo que no fue partícipe de ninguna estafa, sino que fue víctima de una organización delictiva que utilizó documentos adulterados “imposibles de verificar” y aseguró haber tenido una actitud activa al denunciar la situación una vez conocida.
Del expediente surge que el vendedor presentó ante la comuna documentación falsa, incluyendo un supuesto comprobante de compra en un remate en Montevideo, recibos de entrega del vehículo y facturas de OSE que acreditaban domicilio en Melo, todos firmados por un escribano público. Posteriormente se comprobó que el vehículo había sido ingresado de contrabando desde Brasil y que el mismo individuo había empadronado varios vehículos en similares condiciones, admitiendo ante la Justicia que hacerlo en Cerro Largo era “más fácil” que en otros departamentos.
En primera instancia, la jueza Elisa María Echevarría falló a favor de la intendencia y consideró improcedente la demanda contra la comuna, condenando únicamente al vendedor a pagar el valor de la moto. Sin embargo, esa decisión fue apelada.
Finalmente, el Tribunal de Apelaciones Civil de 5º Turno revocó la sentencia y determinó que la Intendencia de Cerro Largo es la responsable de indemnizar al damnificado con US$ 25.350, correspondientes al valor del vehículo.
Los ministros del tribunal entendieron que la libreta de propiedad era auténtica, emitida por funcionarios municipales, y que si los sistemas de control fueron vulnerados, el Estado debe responder por los daños causados. Además, señalaron que las inconsistencias evidentes en la documentación y la reiteración de empadronamientos a nombre de una misma persona debieron encender las alertas dentro de la administración, configurándose así una omisión en el deber de control.
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Consultado sobre la resolución judicial, el intendente Christian Morel señaló que la comuna respeta el fallo, adelantó que se analizarán los fundamentos de la sentencia y subrayó la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir, remarcando que la administración ya viene trabajando en mejoras de los procedimientos internos.