Una nueva controversia se instaló en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (Inau) tras conocerse que el actual directorio concretó la contratación directa de 15 asesores, en un contexto en el que el sindicato del organismo advierte que la institución atraviesa una profunda “crisis institucional”.
Las contrataciones, realizadas a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), contemplan salarios que oscilan entre los 46.000 y los 239.000 pesos. El directorio del Inau está integrado por tres representantes del oficialismo —Claudia Romero, presidenta; Mauricio Fuentes, vicepresidente; y Andrea Venosa— y una representante de la oposición, Carina Gómez, del Partido Colorado.
El uso de contratos PNUD en el Inau no es nuevo. El mecanismo se remonta a 1996, cuando el entonces Iname asumió la coordinación del Plan CAIF y comenzó a incorporar personal técnico y administrativo mediante convenios con ese organismo internacional. Con el paso de los años, estas contrataciones fueron financiadas tanto por Rentas Generales como por fondos provenientes de Loterías y Quinielas, y más tarde se sumó el Banco Interamericano de Desarrollo en el marco del Sistema de Cuidados.
Durante el período 2015–2020 se incorporaron 25 consultores adicionales vía BID, todos mediante concurso público. Al cierre de 2020, existían 40 consultores, de los cuales 15 correspondían a PNUD y 25 al BID. Ese mismo año el directorio resolvió rescindir 18 contratos y renovar otros 22, aunque ya se había producido una contratación directa de un asesor del directorio con fondos de Rentas Generales.
Entre 2020 y 2024 se registraron diez contrataciones sin concurso vía PNUD, incluyendo asesores del directorio y cargos jerárquicos. A diciembre de 2024, el Inau contaba con 46 contratos PNUD, de los cuales 36 habían ingresado mediante concurso público.
En la actual administración, tras el vencimiento de los contratos el 30 de junio de 2025, el directorio decidió no renovar los diez contratos directos vigentes, pero optó por aumentar el número de asesores, incorporando 15 nuevos de forma directa. De ellos, 11 responden al oficialismo y cuatro a la oposición. Actualmente, el programa PNUD reúne 47 contratos, y cerca de un tercio corresponde a asesores del directorio.
La directora por la oposición, Carina Gómez, aclaró que uno de los casos cuestionados no implica una nueva contratación, sino el pase del consultor Martín Giorello —ingresado por concurso en 2017— a funciones de asesoría. Además, defendió la idoneidad de los asesores designados, señalando que la mayoría cuenta con maestrías y posgrados. En particular, destacó la trayectoria académica y profesional de la abogada Victoria Pasquet.
Desde el sindicato, el presidente Joselo López manifestó sorpresa por la magnitud de las contrataciones y cuestionó que se recurra a este mecanismo para funciones ligadas directamente al directorio. Señaló además que algunas remuneraciones superan ampliamente la escala salarial del organismo y recordó que la normativa ya habilita a cada director a contratar asesores externos sin necesidad de ampliar la plantilla por esta vía.
No obstante, López aclaró que, si bien el tema preocupa, no es la principal prioridad del sindicato. “Acá no hay nada más importante que la crisis que está atravesando el Inau”, afirmó. Según explicó, la situación se agrava especialmente en los servicios de protección de 24 horas, tanto propios como conveniados con la sociedad civil, donde se registran problemas de sobrepoblación, falta de personal y graves deficiencias edilicias.
El dirigente sindical advirtió que la crisis se extiende a todo el país y no se limita a Montevideo. También cuestionó la inestabilidad generada por la designación directa de cargos jerárquicos, sin concursos, y alertó sobre el impacto de la creciente violencia, los problemas de salud mental y el consumo de drogas entre niños, niñas y adolescentes atendidos por el organismo.
Mientras el debate sobre las contrataciones de asesores continúa, el sindicato insiste en que la prioridad debe ser atender las carencias estructurales del Inau, en un escenario que —según advierten— combina precariedad institucional, sobrecarga de los servicios y situaciones cada vez más graves en la atención de la infancia y la adolescencia.