La reforma laboral impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei avanza en el Congreso argentino en medio de un clima de fuerte tensión social y sindical. Mientras el proyecto es debatido en la Asamblea, las protestas de trabajadores y gremios se concentran en las inmediaciones del Parlamento, con movilizaciones convocadas por la Confederación General del Trabajo (CGT) y otras organizaciones, y un cese parcial del transporte.
La iniciativa, presentada por el Poder Ejecutivo a mediados de diciembre, introduce cambios profundos en el régimen laboral argentino y es considerada por el oficialismo como una reforma estructural clave. Para la oposición y los sindicatos, en cambio, implica un fuerte retroceso en derechos adquiridos.
Cambios centrales del proyecto
Entre los puntos más cuestionados figura la creación de un Fondo de Asistencia Laboral, destinado a financiar indemnizaciones por despido mediante aportes empresariales del 3% de la masa salarial, en reemplazo de contribuciones a la Seguridad Social. Este mecanismo habilitaría, en la práctica, el despido sin indemnización directa, sustituyendo el sistema vigente que contempla un salario por año trabajado.
La reforma también habilita el pago de salarios en moneda extranjera o en especie, retomando la figura del “ticket canasta”, y permite extender la jornada laboral diaria hasta 12 horas, a través de un sistema de “banco de horas”, aunque se mantiene el tope semanal de 48 horas.
Además, el proyecto reduce el poder de los sindicatos, debilita los convenios colectivos sectoriales y prioriza las negociaciones individuales entre trabajadores y empleadores. En ese marco, se restringe el derecho de huelga, al exigir servicios mínimos de entre el 50% y el 75% en actividades consideradas esenciales, y se establece que las asambleas sindicales deberán contar con autorización del empleador.
El Gobierno sostiene que el objetivo es modernizar una legislación “rígida y obsoleta”, promover el empleo formal y dar mayor flexibilidad a las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, estudios como el del Centro de Estudios de la Nueva Economía advierten que el salario en especie podría derivar en pérdida de poder adquisitivo y mayor precarización, al quedar exento de cargas sociales.
Rechazo opositor y represión en las calles
Desde la oposición, el jefe del bloque Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, expresó el rechazo frontal al proyecto durante el debate parlamentario, denunciando un avance contra los derechos laborales históricos.
En paralelo, las protestas frente al Congreso derivaron en incidentes. La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, informó que cuatro efectivos resultaron heridos —tres de la Gendarmería Nacional y uno de la Policía— y que dos personas fueron detenidas.
Durante la jornada se registraron enfrentamientos con lanzamiento de piedras por parte de manifestantes y el uso de gases lacrimógenos, balas de goma y chorros de agua por parte de las fuerzas de seguridad, que irrumpieron en la Plaza del Congreso para dispersar la movilización.
Mientras el oficialismo busca convertir la reforma en una victoria política, el debate continúa marcado por la conflictividad social y el rechazo sindical, en un contexto en el que el proyecto promete redefinir de manera profunda el mundo del trabajo en Argentina.