La Fiscalía de Tacuarembó presentó la acusación formal contra la madre de las mellizas de nueve meses que fueron víctimas de violencia extrema en junio de 2025, solicitando una condena total de 45 años de pena, compuesta por 30 años de penitenciaría y 15 años adicionales de medidas limitativas.
La fiscal del caso, Ángela Bhonke, imputó a la mujer por dos delitos de homicidio agravados y muy especialmente agravados —uno de ellos en grado de tentativa— en reiteración real con un delito de violencia doméstica continuada. La acusación se basa en un conjunto de pruebas reunidas durante la investigación que evidencian un patrón sostenido de agresiones físicas contra las niñas desde su nacimiento.
Un caso que conmocionó a la comunidad
El caso salió a la luz en junio de 2025, cuando ambas bebés ingresaron en estado crítico al hospital de Tacuarembó. Una de las mellizas falleció a causa de múltiples fracturas craneales y hematomas en distintas partes del cuerpo, mientras que su hermana logró sobrevivir tras recibir atención urgente en el CTI pediátrico.
De acuerdo con la investigación fiscal, las lesiones constatadas por los equipos médicos eran compatibles con episodios reiterados de violencia física severa, lo que permitió establecer que las agresiones no fueron hechos aislados, sino parte de un contexto continuo de maltrato.
Antecedentes y agravantes en la investigación
El Ministerio Público también constató antecedentes de violencia doméstica por parte de la acusada, quien había sido formalizada en 2024 por agresiones hacia su propia madre. Además, se documentaron situaciones de desatención desde el nacimiento de las mellizas, incluyendo la inasistencia de la mujer a la cesárea programada.
Estos elementos fueron considerados como agravantes en la acusación, que sostiene que la mujer actuó con plena conciencia de la gravedad de sus actos y del daño causado a las lactantes.
Situación actual de la sobreviviente y proceso judicial
La niña que sobrevivió fue inicialmente puesta bajo la tutela del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), y posteriormente la Justicia resolvió que quede bajo el cuidado de su abuela materna, en un entorno considerado seguro y libre de violencia.
Por su parte, la acusada permanece en prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial. La defensa cuenta con un plazo de 30 días para responder a la acusación, y se prevé que su estrategia incluya un eventual planteo de inimputabilidad.
El caso continúa en etapa preparatoria del juicio oral, donde se determinará la responsabilidad penal definitiva de la imputada en uno de los hechos de violencia infantil más graves registrados en el departamento en los últimos años.