El sistema de justicia uruguayo avanza en la incorporación de inteligencia artificial (IA) como herramienta de apoyo en investigaciones penales y en la gestión judicial, en un proceso que incluye la elaboración de normas éticas y proyectos de regulación para garantizar su uso responsable.
En este marco, la Fiscalía General de la Nación trabaja en un proyecto conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), orientado a implementar tecnologías basadas en inteligencia artificial que permitan mejorar la eficiencia en las investigaciones, optimizar el análisis de grandes volúmenes de información y fortalecer la capacidad operativa del organismo.
La iniciativa busca incorporar sistemas que faciliten la identificación de patrones, el procesamiento de datos complejos y el apoyo en tareas técnicas, en un contexto donde las organizaciones criminales también han comenzado a utilizar herramientas tecnológicas avanzadas para perfeccionar sus métodos.
Paralelamente, el Poder Judicial se encuentra desarrollando guías éticas destinadas a regular el uso de inteligencia artificial en el ámbito judicial. Estas directrices tendrán como objetivo asegurar que la aplicación de estas tecnologías respete principios fundamentales como la transparencia, la imparcialidad, la protección de datos personales y el debido proceso.
En forma complementaria, un grupo de académicos elaboró un proyecto de ley enfocado en regular las denominadas “tareas secundarias” vinculadas al uso de inteligencia artificial en el sistema judicial. La propuesta contempla la definición de responsabilidades y la eventual aplicación de sanciones a jueces, fiscales y abogados en casos de uso indebido de estas herramientas.
El avance de estas iniciativas responde a la necesidad de adaptar el sistema de justicia a los nuevos desafíos tecnológicos, aprovechando el potencial de la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia, sin comprometer las garantías legales ni los derechos de las personas.
Las autoridades consideran que la implementación de inteligencia artificial representa una oportunidad para modernizar el funcionamiento de la justicia, acelerar procesos y fortalecer la capacidad de respuesta frente a delitos cada vez más complejos, al tiempo que se establecen marcos normativos y éticos que aseguren su utilización adecuada y responsable.