La que fue considerada la mayor operación de inteligencia de la Dirección Nacional de Aduanas en las últimas décadas culminó doce años después sin resultados administrativos concretos y con un nuevo conflicto judicial. El último funcionario investigado en el caso ahora reclama 12 años de salarios impagos, luego de que se determinara que el procedimiento disciplinario caducó por exceso de plazo.
La investigación, conocida como Operación “Judas”, se desarrolló en abril de 2013 y estuvo dirigida a desarticular una red de contrabando de mercaderías desde Brasil hacia Uruguay.
El operativo terminó con 72 personas detenidas y 31 procesadas, entre ellas seis funcionarios de Aduanas, acusados de facilitar el ingreso ilegal de diversos productos a través de la frontera.
Un caso que reveló problemas estructurales
En su momento, la causa expuso las debilidades en los controles fronterizos y posibles actos de corrupción dentro de organismos estatales, especialmente en la zona norte del país.
Sin embargo, más de una década después, el caso también refleja las dificultades del aparato administrativo estatal para concluir investigaciones disciplinarias.
En mayo de 2013, Aduanas inició un sumario administrativo contra los seis funcionarios involucrados, que incluyó su separación del cargo y la retención de haberes.
Con el paso del tiempo, la mayoría de los investigados dejó de formar parte del proceso: cuatro cesaron por edad y uno falleció, por lo que el sumario continuó únicamente respecto de un funcionario procesado en 2013 por el delito de cohecho calificado especialmente agravado.
Caducidad del procedimiento
El trámite administrativo se extendió durante años con sucesivas prórrogas. Finalmente, hace pocas semanas se solicitó la destitución del funcionario investigado, pero el pedido fue rechazado tras un dictamen jurídico.
El Servicio Civil determinó que el procedimiento disciplinario había caducado, lo que impide aplicar sanciones administrativas.
La caducidad implica que el trámite queda extinguido por la inactividad de la Administración durante el plazo legal previsto, lo que en la práctica impide continuar con el proceso sancionatorio.
Según el dictamen, el sumario se prolongó durante más de doce años, superando ampliamente los plazos establecidos.
Irregularidades en el proceso
El informe jurídico también señala diversas irregularidades en la tramitación del expediente.
Entre ellas, se menciona que el sumario no fue inscripto en el Registro de Vínculos con el Estado, administrado por el Servicio Civil.
Además, no consta que el funcionario haya sido informado de su derecho a contar con asistencia legal ni a controlar la producción de pruebas, lo que constituye una posible vulneración del debido proceso.
También se observó que en varias instancias de producción de pruebas el sumariado no fue notificado, lo que le impidió ejercer el contralor correspondiente.
Expediente extraviado
Otro de los problemas señalados durante la investigación administrativa fue la pérdida temporal del expediente judicial, que estuvo traspapelado entre noviembre de 2014 y septiembre de 2015.
Durante años, el avance del sumario dependió de obtener testimonios y documentos del expediente penal, lo que generó reiteradas prórrogas del proceso administrativo.
Prescripción en la Justicia penal
En paralelo, la causa judicial también terminó sin condena.
El 23 de agosto de 2023, el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Rivera de 2º turno resolvió que la acción penal estaba extinguida por prescripción, al haber transcurrido más de diez años desde la comisión del delito.
De esta manera, el funcionario investigado quedó sobreseído en la causa penal.
A pesar de esa resolución judicial, en noviembre de 2023 la Administración concluyó que el funcionario había cometido una falta administrativa de gravedad, lo que dio lugar al intento posterior de destitución.
Reclamo por salarios retenidos
Tras conocerse la caducidad del procedimiento, el funcionario presentó descargos y reclamó su reincorporación al cargo, así como el pago de los salarios retenidos durante más de doce años.
El dictamen jurídico señala que en más de una década de investigación no se pudo probar la comisión de delito ni en sede penal ni en sede administrativa, ni tampoco el incumplimiento de los deberes funcionales o la existencia de actos de corrupción.
El documento concluye que la Administración se excedió ampliamente en los plazos para resolver el sumario, ya que al período de espera por el proceso penal se sumaron más de dos años adicionales de demora para finalizar el trámite administrativo.
Como resultado, operó la caducidad del procedimiento, lo que impide sancionar al funcionario dentro de ese expediente y abre la puerta a posibles reclamos económicos contra el Estado.