El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, afirmó que Uruguay difícilmente pueda convertirse en un país “barato”, debido a factores estructurales como el tamaño de su población, el peso del Estado y el modelo social que prioriza la cohesión y la provisión de servicios públicos.
Durante su participación en el evento Kick Off 2026 de LATAM ConsultUs, realizado en Punta del Este y conducido por el economista Javier de Haedo, el jerarca explicó que producir servicios esenciales como seguridad, justicia, educación, salud y defensa para una población de tres millones de habitantes implica costos similares a los de países con poblaciones mucho mayores.
Según Oddone, además de la escala limitada del país, Uruguay mantiene una fuerte preferencia social por un Estado con presencia relevante, lo que también influye en los niveles de gasto público y en el costo general de la economía.
Inflación baja y desafíos de eficiencia
El ministro recordó que Uruguay tiene una larga historia inflacionaria, con promedios anuales del 63% entre 1955 y 1999 y del 9% entre 2003 y 2023. En ese contexto, señaló que la inflación elevada ocultaba ineficiencias estructurales.
Con una inflación actualmente por debajo del 4%, el desafío pasa ahora por mejorar la eficiencia tanto del sector público como del sector no transable, es decir, aquellas actividades que no compiten directamente con el comercio internacional.
Oddone también cuestionó ciertas prácticas comerciales que, a su juicio, afectan la transparencia en la formación de precios, como los contratos indexados con el Estado o los sistemas de distribución exclusiva en algunos mercados.
Opiniones de economistas y empresarios
Economistas y representantes empresariales coincidieron en parte con el diagnóstico del ministro, aunque plantearon distintos matices y propuestas para mejorar la competitividad del país.
El economista Ramiro Correa, del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), sostuvo que Uruguay difícilmente compita en precios con países como Paraguay o algunas economías asiáticas, que tienen salarios más bajos. Sin embargo, afirmó que existen medidas para reducir costos, entre ellas achicar el tamaño del Estado y disminuir la presión fiscal sobre quienes producen.
Correa también destacó el impacto del costo energético, señalando que los combustibles en Uruguay tienen una fuerte carga impositiva y que mejorar la eficiencia energética sería clave para reducir precios.
En una postura más crítica, el economista José Antonio Licandro cuestionó la idea de que el tamaño del país justifique los altos costos. A su entender, existen países pequeños con altos niveles de bienestar que logran servicios públicos más eficientes. Según Licandro, el principal problema es que el Estado se ha convertido en una “mochila pesada” para los contribuyentes.
Debate sobre sectores no transables y monopolios
Uno de los puntos de coincidencia entre analistas y autoridades es la necesidad de mejorar la eficiencia en sectores no transables.
Licandro señaló especialmente los costos de las empresas públicas, como ANCAP y UTE, que operan en mercados con características monopólicas. También cuestionó algunos mecanismos regulatorios, como las paramétricas en servicios públicos, que según su visión pueden incorporar sobrecostos en las tarifas.
En relación con esto, Alejandro Ruibal, presidente de la Cámara de la Construcción, defendió las fórmulas de ajuste utilizadas en contratos de obras públicas, afirmando que su objetivo es reflejar la evolución real de los costos y no incrementar las ganancias de las empresas.
No obstante, el sector se mostró dispuesto a discutir alternativas en un contexto de inflación baja.
Competencia y distribución exclusiva
Otro tema señalado por Oddone y analistas es la existencia de distribuidores exclusivos en algunos mercados, lo que limita la competencia y puede elevar los precios.
Comerciantes consultados señalaron que, si existiera mayor apertura para importar productos desde otros países, especialmente de la región, los precios podrían reducirse. También cuestionaron algunas exigencias regulatorias que dificultan el ingreso de nuevos proveedores.
El gerente general de la Asociación de Supermercados del Uruguay (ASU), Daniel Menéndez, indicó que el sector está dispuesto a dialogar con el Ministerio de Economía sobre este tema.
Factores externos: petróleo y conflicto internacional
Por su parte, el consultor de KPMG, Marcelo Sibille, advirtió que factores internacionales también influyen en los costos del país. El reciente aumento del precio del petróleo —impulsado por tensiones en Medio Oriente— podría impactar negativamente en la economía uruguaya.
Dado que Uruguay importa el 100% del petróleo que consume, un aumento en su precio encarece los costos de producción, presiona la inflación y puede afectar el crecimiento económico.
Sibille sostuvo que, si el conflicto internacional se prolonga, podría generarse un rebrote inflacionario y un impacto recesivo, situación ante la cual el margen de acción del gobierno sería limitado.
Un desafío estructural
En síntesis, el debate refleja un consenso parcial: Uruguay enfrenta limitaciones estructurales que dificultan ser un país de bajos precios, aunque existen áreas donde podrían aplicarse reformas para mejorar la eficiencia, aumentar la competencia y reducir costos.
Mientras el gobierno apunta a mejorar la eficiencia del Estado y revisar prácticas de mercado, analistas y empresarios coinciden en que el desafío de fondo será lograr mayor competitividad sin perder el modelo social que caracteriza al país.