El juicio contra Moisés, un hombre de 28 años acusado de asesinar a su padre, ingresó en su etapa final con posturas contrapuestas entre la defensa y la Fiscalía, en un caso marcado por graves denuncias de violencia y abuso intrafamiliar.
El hecho ocurrió el 25 de mayo del año pasado en el barrio El Monarca, cuando el imputado se presentó en la vivienda de su padre y le disparó en reiteradas ocasiones, provocándole la muerte. Días después, el propio acusado confesó lo ocurrido a familiares y permitió el ingreso de la Policía, que halló el cuerpo en el fondo de la casa.
Durante el juicio, la estrategia de la defensa se centró en la aplicación del artículo 36 del Código Penal, que habilita a los jueces a eximir de pena a una persona que comete homicidio bajo un “estado de intensa conmoción” provocado por un sufrimiento prolongado. El abogado del imputado sostuvo que su cliente actuó en un estado disociativo, producto de un “trauma complejo y severo” derivado de años de violencia física, psicológica y abusos dentro del núcleo familiar.
En esa línea, varios testigos —principalmente familiares— describieron un contexto de “violencia y terror sistemático” ejercido por el fallecido. Relataron episodios de golpizas, castigos extremos y abusos sexuales que, según sus testimonios, se extendieron durante la infancia de los შვილos. Incluso, se recordó que el padre había sido condenado en 2010 por un caso de abuso sexual.
Los testimonios también dieron cuenta de que, días antes del crimen, Moisés tomó conocimiento de nuevas situaciones de abuso sufridas por sus hermanas, lo que habría profundizado su estado emocional. Según declararon, el acusado manifestó angustia, falta de sueño y un fuerte impacto psicológico previo al hecho.
Sin embargo, la Fiscalía de Homicidios de 1° Turno sostuvo que, más allá del contexto familiar, el foco del proceso debe estar en la conducta del imputado. Las fiscales argumentaron que el homicidio fue cometido de forma directa y sin que la víctima tuviera հնարավորություն de defenderse, lo que configura un delito agravado por el vínculo y el uso de arma de fuego.
El Ministerio Público reconoció la existencia de al menos un episodio de abuso, pero consideró que no se cumplen los requisitos legales para aplicar el “perdón”. En particular, cuestionó la falta de denuncias reiteradas y recientes, así como contradicciones en los testimonios de los familiares. Además, señaló que algunos declarantes modificaron versiones previas y que el informe pericial presentado por la defensa carece de solidez técnica.
En sus alegatos, la Fiscalía solicitó una condena de 18 años de prisión, al entender que no se configura ninguna causal de exoneración de responsabilidad.
El caso generó fuerte repercusión pública. Familiares del imputado se manifestaron durante el juicio en respaldo a Moisés, sosteniendo que actuó tras años de sufrimiento y calificando el hecho como un acto de “justicia”. Incluso, al finalizar las audiencias, se movilizaron frente a Torre Ejecutiva reclamando una revisión del enfoque legal en casos de violencia intrafamiliar.
El tribunal deberá ahora determinar si corresponde aplicar el artículo 36 del Código Penal o si, por el contrario, se configura un homicidio agravado, en un fallo que podría sentar precedente en torno a los límites legales del denominado “perdón” en contextos de violencia prolongada.